El magistrado Neftaly Aldana, integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC), manifestó que la resolución con la cual se amparó de manera provisional Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es clara.
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De esa cuenta el magistrado estimó que el tribunal constitucional no debió aclarar ni ampliar el referido fallo, como lo solicitó el abogado Alfonso Carrillo Marroquín.
La opinión de Aldana quedó en su voto razonado del pasado miércoles 19 de septiembre , cuando el pleno de la CC se reunió para discutir la petición de Carrillo Marroquín.
El profesional del derecho consideraba que el tribunal del orden constitucional debía manifestar cuál era el alcance del fallo que emitió el domingo 16 de septiembre último, cuando anuló la decisión del presidente Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Velásquez al país.
"En conclusión, el auto que decretó el amparo provisional, a mi juicio, no resulta obscuro, ambiguo o contradictorio; por lo contrario, están claros los efectos que el tribunal les atribuyó y los términos de su cumplimiento, por lo que es completo y no necesitaba ser aclarado como se hizo", refirió Aldana.
La determinación del magistrado se extiende en cuatro páginas de un documento que se elaboró el 19 de septiembre, mismo día en el cual se discutió la ampliación y aclaración solicitada por el referido profesional del Derecho.
Resolución que benefició al jefe de la CICIG
El 31 de agosto pasado, el presidente Jimmy Morales informó su decisión de no solicitar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la prórroga del mandato de la CICIG.
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Velásquez salió del territorio nacional tres días después, debido a que ya tenía programado un viaje de trabajo a Washintgon D. C., en Estados Unidos. Pero el 4 de septiembre Morales dictó órdenes a Migración para que no se permitiera que el jefe de la entidad internacional volviera a Guatemala.
Varias acciones legales fueron interpuestas para que se anularan las decisiones de Morales.
El fallo que benefició a Velásquez fue emitido de manera unánime, pues los cinco magistrados titulares de la CC consideraron que se debía permitir que el funcionario de la CICIG ingresara al país.
Pero en el desarrollo de la discusión de la ampliación y aclaración se tuvieron dos posturas. Esa sesión finalizó con una votación de tres a favor de atender lo que pidió Carrillo Marroquín, y dos en contra.
Queda pendiente que la presidenta de la CC, Dina Ochoa, emita su voto razonado.
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