La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dio dictamen favorable a iniciativas de ley relacionadas con la modificación del decreto número 51-92, Código Procesal Penal.
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En este dictamen se unifican dos iniciativas de ley, numeradas con el 5474 y 5466. La primera presentada por los diputados Juan Ramón Lau y Felipe Alejos; y la segunda, propuesta por Luis Hernández Azmitia.
Estas sostienen como lo cita el artículo 268 que la cesación del encarcelamiento se aplicará cuando su duración exceda de un año, “pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más”, aunque plantean que pueda prorrogarse una sola vez.
El dictamen emitido unifica las propuestas y añade, como sugerencia de la comisión, una literal en la que establece que las personas mayores de 70 años también podrán salir en libertad. Ahora corresponde que sea discutido por el pleno del Congreso para determinar si avanza.
Opiniones
El diputado Lau, de la bancada Todos, explicó que la cesación de la prisión preventiva si la persona lleva más de un año recluida aplica para “los señalados, más no los condenados”, y reiteró la necesidad de que se establezca una sola prórroga.
En tanto, Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza, no ve un panorama políticamente correcto para realizar la discusión de una normativa de este tipo.
“Una iniciativa debe ser técnica, jurídica y políticamente viable. El tema de abuso de encarcelamiento en cuanto a prisión preventiva ha quedado evidenciado en diferentes casos y momentos, esto lo que ha manifestado es una debilidad de nuestro sistema de justicia y temas procesales, que debe ser subsanado”, señaló.
Sin embargo, a su criterio, lamentablemente pareciera que se está tratando de dar un enfoque para beneficiar a determinados casos y personas.
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En tanto, Carlos Chavarría, subjefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (CREO), dijo que desde ya está en contra de una propuesta de este tipo.
“Estoy en desacuerdo a que personas que cumplan 70 años puedan salir en libertad y también en que quien estuvo por prisión preventiva un año tenga que salir. No creo conveniente meterse en esos temas, en este momento hay mucha gente que está en prisión preventiva, pero además de eso hay procesos de investigación pendientes”, señaló.
Propuestas
Las iniciativas enfocan en reformar el tema del cesación del encarcelamiento, establecido en el artículo 268, que actualmente expresa tres escenarios en los cuales la privación de la libertad se dará como finalizada.
Uno es cuando se demuestren elementos que respalden el que pueda ser sustituida; otro cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, incluso considerando la remisión de pena o libertad anticipada; y también se aplicará cuando su duración exceda de un año. “Pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más”, cita este último literal.
La ley detalla que se autorizará “cuantas veces sea necesario” la prórroga de los plazos de prisión preventiva; sin embargo, Azmitia planteó que sea solamente una vez, y que la prórroga concedida no exceda de tres meses.
En tanto, Lau y Alejos coinciden en que sea aplazada una sola vez, pero fijan un máximo de seis meses.
Además, proponen adicionar el artículo 521 bis, que cita: “Habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala, indemnizará al procesado con veinticinco salarios mínimos”.
Acerca de este tema, la sala legislativa estableció en el dictamen que la propuesta de modificación debe regular de forma más adecuada el cálculo del monto de indemnización.
