Por tercera vez la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizar si el caso "Bufete de la impunidad" debe ser trasladado a un juzgado de Mayor Riesgo.
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Esa decisión fue tomada por solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual investiga el caso, y porque se considera que las pesquisas involucran a una red de alto poder.
La FECI pidió al tribunal constitucional que se ejecutara un amparo que previamente le fue otorgado al Ministerio Público (MP) para que la solicitud referente al caso sea verificada por la CSJ.
De esa cuenta, el órgano encargado de la persecución penal planteó que ha habido un rechazo de parte de la CSJ a cumplir lo ya ordenado en dos ocasiones previas por la CC.
En el caso "Bufete de la impunidad" está vinculada la jueza Marta Sierra de Stalling, señalada por supuestamente haber beneficiado de manera ilegal a varios de los sospechosos en el caso "La Línea", los cuales fueron capturados en abril de 2015.
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Con las investigaciones se trata de establecer la existencia de una organización de profesionales del Derecho que supuestamente se dedicaba a gestionar beneficios ilícitos ante los juzgados.
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