La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó este viernes al Estado de Guatemala por la masacre de 11 indígenas perpetrada hace 22 años por el ejército, considerada la última cometida durante la guerra (1960-1996), informó la institución.
La CorteIDH encontró "al Estado de Guatemala responsable por la muerte de 11 personas y por las lesiones sufridas por otras 29, causadas por el ejército durante la llamada masacre de Xamán", indica un comunicado del ente interamericano, con sede en Costa Rica.
La nota, enviada a la oficina de AFP en Guatemala, precisa que la sentencia fue notificada este viernes y que entre los 11 fallecidos se encontraban una niña y dos niños.
El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar se adentró en la comunidad "Aurora 8 de octubre", ubicada en la finca Xamán e integrada por población indígena que había retornado del sur de México, donde se habían refugiado por años para escapar de la represión militar.
"Los soldados fueron rodeados por pobladores, quienes requerían explicaciones sobre la presencia militar en el lugar. Al intentar salir del lugar, los militares dispararon", reseña la nota.
Por este caso 14 militares fueron condenados y 11 permanecen prófugos.
Según la Corte, durante el conflicto armado, que concluyó en 1996, "el Estado aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde consideró a miembros del pueblo maya como parte del enemigo interno", como el gobierno calificaba a la guerrilla izquierdista.
El organismo estableció que los atacantes cometieron delitos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que fueron de naturaleza discriminatoria ,en contra de personas indígenas.
Advirtió que, si bien se produjeron algunas condenas, "la actuación estatal no fue diligente dada la falta de medidas para hacer efectivas las órdenes de captura de los 11 militares que permanecen prófugos".
Ante ello, estableció que Guatemala también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana.
La Corte ordenó continuar la investigación de los hechos y enjuiciar eventualmente a otros involucrados en la matanza.
Según un informe de la ONU presentado en 1996, la masacre de Xamán fue la última en el marco de la guerra, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos. El 93% de las violaciones a los derechos humanos constatadas fueron responsabilidad de los aparatos estatales.
PDH y organizaciones participan
Durante la sesión también participaron el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y representantes de organizaciones civiles, que aseveraron que el “objetivo principal” de Morales es acabar con la CICIG para “protegerse a sí mismo y a otros de la acción de la justicia”.
Rodas expresó su sorpresa que el gobierno haya pedido que el encuentro fuera privado y que Arenales fuera su representante.
¿Por qué fue a puerta cerrada?
- “Se solicitó que la audiencia fuera privada, ya que este es un tema que está abordándose en este momento entre el Gobierno de Guatemala y el secretario general de las Naciones Unidas. Hay temas sobre el Acuerdo de la CICIG que se están amparando en su Artículo 12, que se refiere a la solución de controversias y sobre las cuales todavía no se ha tomado decisión”, expresó Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
Añadió: “Asimismo, el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, que establece que cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Comisión por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada podrá celebrar audiencias privadas y decidirá quiénes podrán asistir a ellas”.
- Arenales afirmó que se pidió a puerta cerrada porque no le parecía “oportuno” que, de manera pública, la CIDH abordara un tema que el Gobierno está debatiendo con la ONU.