La semana pasada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dio dictamen favorable a iniciativas de ley relacionadas con la modificación del decreto número 51-92, Código Procesal Penal.
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De ser aprobadas por el pleno las propuestas se beneficiaría con el cese de encarcelamiento a personas que estén guardando prisión preventiva y que sean mayores de 70 años. Además, no se permitiría prorrogar más de una vez la detención de los señalados si ya llevan más de un año de estar privados de libertad.
Sobre este tema se dialogó este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Juan Ramón Lau, del bloque Todos; Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); y Raúl Romero, de Fuerza.
En el dictamen emitido, la sala legislativa unificó las propuestas de ley 5474 y 5466. La primera presentada por los diputados Lau y Felipe Alejos; y la segunda, propuesta por Luis Hernández Azmitia.
Estas se enfocaban en reformar la parte en la que el artículo 268, Cesación del Encarcelamiento, detalla que se autorizarán “cuantas veces sea necesario, los plazos de prisión preventiva”, para que solo sea una vez y que esa ampliación sea por no más de seis meses.
En tanto, fue propuesta de la comisión, presidida por Linares Beltranena, que se beneficie con libertad a personas señaladas que sean mayores de 70 años.
Lau detalló que la ley vigente señala que cuando una persona ha estado detenida por un año y no hay sentencia condenatoria automáticamente debe de salir. “El cese de encarcelamiento existe, lo que estoy proponiendo es que en el último párrafo dice las veces que sea necesarias, pero se busca que solo haya una prórroga y no por más de seis meses”, explicó.
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“Si los jueces quisieran no solicitar más prórrogas y dar la libertad, tendrían que darla, pero como existe esa laguna, en donde tienen ahorita la facultad de otorgar esa prórroga indefinidamente, hemos llegado a la prisión infinita, donde hemos tenido casos en que la gente ha estado tres o cuatro años en prisión y al final le dicen muchas gracias por su participación y se puede ir”, añadió el legislador.
Además, el diputado de Todos aseguró que las reformas las propuso desde 2016, pero la iniciativa fue “satanizada”, y añadió que expertos de las Naciones Unidas resaltaron la importancia de retomar el tema.
“Estuve en febrero o marzo en Ginebra, Suiza, porque fui enviado para una comisión de examen de derechos humanos y casualmente me hablaron de esta reforma del Código Procesal Penal. Me dijeron por qué no la impulsan, no es posible que la gente se siga muriendo en la cárcel. Fueron los expertos de la ONU en materia de derechos humanos los que me dijeron eso”, puntualizó.
Por su parte, Linares dijo que con esta propuesta lo que se pretende es presionar a los jueces para que no fácilmente opte solo por prorrogar la detención, sino que se vean forzados a realizar el debate y concluir el proceso penal.
“Se han dado muchos abusos por medio de las prórrogas indefinidas. Si hacen falta más juzgados, pues que lo pidan (las autoridades del Organismo Judicial) en el presupuesto, pero no puede ser posible que una persona se quede años esperando debate”, señaló.
Y defendió la idea de que puedan salir de prisión los procesados mayores de 70 años. “Así como se favorece a los menores de edad, hay que favorecer a los de la tercera edad, esto en el encarcelamiento preventivo. Las probabilidades de fuga y obstaculización a la justica son pocas por su avanzada edad”, manifestó.
Para él, esto es un tema que permitiría avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos.
¿Beneficiaría a alguien en específico?
Pese a los argumentos de Lau y Beltranena, el parlamentario de Creo tiene dudas de por qué se estableció 70 años, pues a su criterio debería haber criterios técnicos y un análisis previo para determinar la edad en la que sería procedente otorgarles libertad a los sindicados.
Chavarría dijo que así como está planteada la iniciativa por ahora no estaría a favor de su aprobación. “Siento que no es ni el momento de esto, que le falta mucho estudio técnico, y siento la iniciativa muy casuística”, señaló, pues a su criterio, parece que es para favorecer a determinados reclusos.
Por ello, consideró que lo importante es enfocarse en fortalecer el sector justicia en general.
Romero coincidió en que hace falta cambios, pero enfocados en un avance integral del sistema de justicia. A su criterio, lo manifestado en estas iniciativas lo que hace es desnudar una debilidad que tiene este ámbito en el país y debe hacerse un análisis con base a ello.
El legislador resaltó que una iniciativa de ley debe ser técnica, financiera y políticamente viable.
Por ello, debe leerse el momento político en que se propone y en este caso, según dijo, no es el más prudente para discutir la que reforma el Código Procesal Penal, ya que la percepción de la población es que algo está dirigido a favorecer a personas que están en procesos judiciales, principalmente relacionados con corrupción.
En ese sentido, sugirió que se convoque a los sectores que están involucrados en el tema de justicia para hacer una discusión amplia y así enriquecer los elementos técnicos de la iniciativa de ley.
Finalmente, Lau resaltó que no se está individualizando a nadie, pues este decreto es de cumplimiento general. Además, consideró que se está tergiversando la idea que planteó y se le está queriendo poner nombres y apellidos.
Luego de que se le diera dictamen favorable, corresponde que la propuesta sea conocida y discutida por el pleno del Congreso y será entonces cuando se establecerá si avanza o no en su aprobación.
