El Ministerio Público (MP) brindó detalles acerca de la investigación que involucra al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro; y el actual jefe edil de ese municipio, Víctor Alvarizaes, por supuestos hechos de corrupción en esa comuna.
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En conferencia de prensa, el fiscal Regional Metropolitano, Stuardo Campo, y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Nilson Castillo, expusieron que el caso se refiere al pago de prestaciones e indemnización por caso Q3.5 millones a Coro, cuando este no procedía.
Por estos hechos, hoy se realizó un operativo que dejó como resultado la captura de ocho personas, incluidos algunos miembros del Concejo Municipal, quienes son señalados de diferentes delitos.
Los fiscales explicaron que miembros del Concejo de Santa Catarina Pinula presentaron una denuncia contra Coro y otros exfuncionarios ediles, en la cual detallaron que esta persona renunció a su cargo de alcalde municipal el 29 de enero de 2015.
A inicios de febrero de ese año, el Concejo autorizó por unanimidad y “como caso excepcional”, según consta en el acta emitida, el pago por única vez de una indemnización a Coro por un monto de Q291 mil 831. Sin embargo, los denunciantes manifestaron que esta no procedía.
Por medio de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas realizada en 2016, se constató que por medio del renglón presupuestario 413, Indemnización a Personal, se pagó prestaciones laborales a esta persona por un total de Q330 mil 234, lo cual incluía la mencionada cifra de indemnización.
La entidad hizo un hallazgo en este tema, ya que constaba en acta que el exjefe edil renunció al cargo. Y de conformidad con este, Coro procedió a devolver los Q291 mil a la comuna.
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Acciona para reclamar dinero
Tras la devolución de los fondos municipales, Coro promovió un juicio ordinario laboral para reclamarlos nuevamente.
“Por medio de esta solicitaba la cancelación de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector público y ventajas económicas, correspondiente al período del 15 de enero de 2000 al 31 de enero de 2015, explicó el fiscal Campo.
Asimismo, el exjefe edil buscaba que se mantuviera el beneficio de un vehículo que tenía asignado, con combustible, y un teléfono celular con cuota ilimitada. Y exigía el pago por daños y perjuicios por salarios que supuestamente dejó de percibir desde el día que renunció hasta el día del pago de la indemnización.
El Juzgado Séptimo de Trabajo, que tenía a su cargo este proceso, notificó en septiembre de 2016 a la comuna sobre esta demanda y se solicitó la comparecencia del síndico II, Pedro Peña, a una audiencia, pero este no asistió. Ante ello, la comuna fue declarada en rebeldía.
Días después, Peña emitió un informe que trasladó a la judicatura, en el que se respondía “afirmativamente” a cada una de las posiciones expresadas por Coro, añadió el fiscal.
Fue posterior a ello que se dictó sentencia en el caso y el juzgado manifestó en esta la rebeldía en juicio a la comuna, además de declarar con lugar parcialmente la demanda planteada por Coro, ordenando así el pago de lo que solicitaba el demandante, excepto las ventajas económicas.
Campos resaltó que la imputación que hará la Fiscalía se enfocará en dos aspectos: la indemnización aprobada por el Concejo; y la demanda promovida “en la que el Síndico II deja en indefensión a la Municipalidad”.
El proyecto de liquidación aprobado incluyó Q923 mil 523 por aguinaldo; Q154 mil 886 por vacaciones; Q923 mil 523 por Bonificación Anual para trabajadores del sector público y privado; Q719 mil 422 por indemnización; y Q738 mil 545 por daños y perjuicios. El total ascendió a Q3 millones 459 mil 901.
Según explica el fiscal, en una demanda laboral se puede justificar "daños y perjuicios" cuando ha ocurrido un despido; no con la renuncia, como en el caso de Coro.
Orden de captura contra Coro
El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Nilson Castillo, se refirió a los resultados de este operativo desarrollado este martes en conjunto con la Policía Nacional Civil, en el cual se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión de las 12 giradas por un juzgado.
Entre quienes tienen orden de captura pendiente está Coro, quien no fue ubicado en su residencia y aparentemente se encuentra fuera del país.
Por estos hechos, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra Víctor Alvarizaes Monterroso, actual jefe edil de Santa Catarina Pinula.
Los capturados son:
- Manuel de Jesús Barillas Guzmán, síndico II 2012-2016.
- Clara Luz Salvatierra Con de Iboy, concejal tercero 2012-2016 y 2016-2020.
- Pedro Peña Hernández, concejal segundo 2012-2016 y síndico II 2016-2020.
- Augusto Silvestre Ramírez, concejal quinto 2012-2016.
- Luis Francisco Concuá, concejal séptimo 2012-2016.
- Cruz Fernando Pineda Rodríguez, concejal suplente primero 2012-2016 y actual jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad.
- Julia Dolores Morales de la Roca, concejal suplente tercero 2012-2016.
- Manuel Antonio López Benitez, concejal sexto 2012-2016.
En tanto, están pendientes de captura:
- Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula.
- Antonio Eliceo Suruy Velásquez, concejal 2016-2020.
- Héctor Augusto Jaime de Paz, síndico 2012-2020.
- Felipe Abad Chávez, concejal segundo suplente 2012-2016.
