La exfiscal general Thelma Aldana se pronunció acerca de la compra del edificio del Ministerio Público (MP) por Q35 millones, que está siendo analizada por una comisión específica del Congreso de la República.
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El legislador Juan Ramón Lau, quien preside la referida sala, citó a la exfuncionaria para este viernes a las 10:00 horas, con el objetivo de que expusiera sus argumentos sobre el tema.
En su cuenta de la red social Twitter, Aldana publicó un comunicado en el que asegura que no se prestará “a las intenciones ilegales e inmorales” de cuestionar su integridad.
En el documento, dirigido al pueblo de Guatemala, señala que durante meses ha sido objeto de calumnias, y en las últimas semanas ha enfrentado ilegales intentos de ser sometida a un juicio político “dirigido por los intereses de un diputado señalado en casos de corrupción”.
Según Aldana, esta comisión creada por el vicepresidente de la junta directiva del Congreso, Felipe Alejos, es ilegal e inmoral, y está conformada por legisladores cuestionados.
“No me someteré al chantaje, persecución y linchamiento de este grupo de diputados vinculados a diversos casos ilícitos que quieren poner en duda mi integridad por venganza y el temor de mi eventual participación política”, puntualizó.
Compra transparente
La exjefa del MP indicó que la compra fue auditada por la Contraloría General de Cuentas, y el avalúo del inmueble estuvo a cargo de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.
Aseguró que ese proceso “ha sido el más auditado en la historia del país” y que se realizó de manera transparente. También expuso que alquilar un edificio en lugar de adquirirlo significaba una renta millonaria anual.
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“Durante mi administración como Fiscal General de la República di instrucciones de que todos los procedimientos administrativos se realizaran con transparencia y plena observancia de la ley”, expresó.
E hizo saber que hay informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en los que se señala que la sede del MP desde el año 2015 no cumple con las normas para garantizar la seguridad de las personas, pues sobrepasó la carga de ocupación mínima.
En ese sentido, detalló que el inmueble en la zona 5 estaba destinado a albergar al personal de la Dirección de Análisis Criminal, que por haberse incrementado se encontraba en condiciones inadecuadas para su funcionamiento en la sede central.
