El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se pronunció luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo C dictara la sentencia contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 12 personas más en el caso lago de Amatitlán.
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Las penas impuestas contra diez personas van desde los tres hasta los 15 años y 6 meses de privación de libertad. La máxima fue para la exfuncionaria, quien fue encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
El comisionado Velásquez escribió en su cuenta en la red social Twitter: “La lucha contra la corrupción y la impunidad SÍ es posible!”.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que tuvo a su cargo las investigaciones, también se pronunció sobre el fallo del Tribunal, y resaltó que el trabajo en este caso fue posible con el apoyo de la CICIG.
El fiscal señaló que “la satisfacción fundamental no es por ver a una persona perjudicada”, sino porque el trabajo de la fiscalía y la comisión lograron determinar cómo los niveles de corrupción han afectado las altas esferas gubernamentales.
Trabajo conjunto
En declaraciones brindadas a Emisoras Unidas, el fiscal Sandoval se refirió a las sentencias que se han obtenido después de abril de 2015 en casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.
Entre estas citó la del caso IGSS-Pisa, la dictada contra la jueza Jisela Reinoso y el exdiputado Gudy Rivera, y aseguró que son “algunas que determinan que sí se puede trabajar”.
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“Yo sería una persona malagradecida si no reconociera que esas sentencias no se hubieran conseguido si no tuviéramos el acompañamiento de la CICIG”, resaltó.
A criterio del fiscal, durante todo este tiempo se ha tenido conocimiento de la existencia de “gran corrupción”, pero sin el soporte de la comisión no se hubiera podido llegar hasta las más altas esferas del gobierno.
“La CICIG, con el soporte que nos ha dado, nos ha permitido escalar en la investigación en casos de gran impunidad”, dijo.
Añadió que sin la presencia de la comisión, no se hubiera podido realizar persecución penal relacionada con la corrupción que existió durante la administración gubernamental del 2004 al 2008, tampoco determinar la existencia de “casos de gran corrupción” en los Gobiernos de 2008 a 2012 y de 2012 a 2015.
Acerca de la no renovación del mandato de la CICIG por decisión del presidente Jimmy Morales, por lo cual la gestión de la comisión finalizará en septiembre de 2019, Sandoval expresó:
“Tenemos que aprovechar todos los aportes obtenidos del trabajo que ese ha desarrollado en forma conjunta y sabemos que siempre existen buenos amigos que cooperan con el trabajo del Ministerio Público”.
Finalmente, se refirió a la necesidad de continuar con el trabajo en las diferentes entidades y que quienes tengan que tomar decisiones políticas que afecten al país lo hagan pensando conscientemente “que todos debemos de luchar por un mejor país”.
