El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se pronunció acerca de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo C, en el caso Lago de Amatitlán, en donde diez personas fueron condenadas, entre ellas la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Los jueces consideraron que la exfuncionaria es responsable de los delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias y la sentenciaron a 15 años y 6 meses de privación de libertad.
A criterio de Sandoval, en este caso “la satisfacción fundamental no es por ver a una persona perjudicada”, sino porque el trabajo de la fiscalía ha logrado determinar cómo los niveles de corrupción han afectado las altas esferas gubernamentales.
El fiscal resaltó que este trabajo fue posible con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Lo que ha determinado y confirmado el Tribunal es la existencia de redes político económicas ilícitas, que han operado desde la época de la dictadura, de la transición a la democracia, y que están vigentes actualmente”, dijo.
Detalló que las pruebas presentadas confirmaron que se creó una organización criminal con el propósito de beneficiar a servidores públicos y particulares, y de esa cuenta fueron condenadas diez personas con penas de entre tres y 15 años de cárcel.
Rubén Torres, Sergio Marroquín y Marilyn Sosa fueron absueltos, y el Tribunal ordenó que el MP continuara las investigaciones para establecer la posible comisión del delito de lavado de dinero.
Sobre ello, Sandoval dijo se tendrán que analizar el tema de estas personas, a quienes la fiscalía imputó los delitos de cohecho pasivo y activo.
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Precedente
“La justicia tiene que llegar a todos y nadie está exento del cumplimiento de la ley”, respondió el fiscal al ser consultado por periodistas sobre el precedente que deja esta sentencia.
“Muchos de los males que aquejan el desarrollo del país, como lo manifestó el tribunal al dictar la sentencia, devienen de que desde las más altas esferas de Gobierno se desvía la atención que debe merecen los principales satisfactores que necesita la sociedad, como salud y educación”, manifestó el fiscal.
Y señaló que en este caso en específico se observa cómo ante la necesidad de recuperar un cuerpo acuífero, las personas se aprovecharon en perjuicio no solo del patrimonio del Estado, sino del ambiente y la salud de la población.
