El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, respaldó el procesamiento que había resuelto el juez federal Claudio Bonadío en septiembre, cuando imputó a Cristina Fernández los delitos de asociación ilícita, admisión de dádivas y cohecho entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Poco después de que se conociera la decisión, Fernández denunció una supuesta maniobra de la justicia en connivencia con el gobierno del presidente Mauricio Macri para perjudicarla.
“Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”, dijo la senadora en Twitter, en referencia a una iniciativa aprobada en el Senado la víspera contra el intento del gobierno de aplicar un aumento adicional y retroactivo en las tarifas de gas.
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. Bonadío también impuso un embargo de casi 100 millones de dólares a la legisladora, a quien considera jefa de una asociación ilícita, y procesó a varios exfuncionarios y empresarios.
La solicitud del fiscal Moldes debe ser analizada por la Cámara Federal, un tribunal superior de apelaciones.
En caso de que la Cámara Federal confirme el procesamiento de Fernández y haga lugar al pedido de detención, los senadores tendrían que discutir y votar sobre el retiro de la inmunidad a la legisladora, lo cual es poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que Fernández pierda su inmunidad.
“Estoy convencido de que corresponde el desafuero… veo cuales son las dificultades políticas de que se obtenga, pero la política es mutable”, dijo Moldes a la emisora Radio Mitre.
Carlos Beraldi, abogado de Fernández, afirmó que el pedido del fiscal “carece de todo fundamento jurídico” y “corrobora… que el único objetivo que se persigue en esta causa es que Cristina vaya presa”.
“El planteo será debidamente refutado cuando se autorice a la defensa a exponer en forma oral y pública las críticas contra el procesamiento y prisión preventiva dictados de una forma alevosamente arbitraria y con finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia”, dijo el abogado a través de un comunicado.
Beraldi ha solicitado a la Cámara Federal que antes de resolver la situación procesal de Fernández dilucide si las declaraciones realizadas por empresarios que han declarado como arrepentidos fueron “direccionadas” por el juez Bonadío para incriminar a la expresidenta.