La comisión pesquisidora del Congreso que conoció el expediente de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales recomendó no retirarle la inmunidad al mandatario, señalado de financiamiento electoral ilícito.
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Este martes se conoció que los diputados emitieron su informe circunstanciado, en el cual manifiestan que no se despoje al gobernante de su derecho de antejuicio. La decisión se tomó con una votación de cuatro a uno.
El documento quedó estructurado y será en las próximas horas cuando sería trasladado al pleno del Congreso, para que pueda ser conocido en las próximas sesiones plenarias.
Emisoras Unidas conoció que el informe consta de aproximadamente 30 páginas. Pero hasta el momento ninguno de los legisladores que integraron la comisión se han pronunciado sobre el tema y no han brindado detalles de los argumentos para tomar esa decisión.
Morales es señalado en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), ya que se detectaron posibles irregularidades en el financiamiento de este partido durante la campaña electoral de 2015, por medio de la cual llegó a la presidencia.
El antejuicio fue promovido en agosto pasado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión escuchó a delegados de estas entidades, a personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a empresarios que supuestamente habrían dado aportes al partido que no fueron reportados.
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Según las investigaciones, FCN-Nación recibió al menos Q7 millones de parte de empresarios para el pago de fiscales de mesa a nivel nacional, la impresión de volantes de propaganda y los gastos para capacitaciones que habrían recibido los entonces candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, Morales y Jafeth Cabrera, respectivamente.
La Fiscalía señaló que esos aportes no habrían sido reportados ante el órgano electoral, por lo que constituirían financiamiento electoral anónimo.
Esta no es la primera vez que se promueven acciones por las supuestas irregularidades en el manejo de fondos de esa organización política, pues ya se presentaron dos fases anteriormente de este caso por parte del MP y la CICIG. Además, hay un proceso en el TSE para su eventual cancelación.
