La ex vicepresidenta Roxana Baldetti será evaluada este martes por un equipo multidisciplinario de profesionales, esto luego de que no se presentara a la audiencia de primera declaración del caso “Caja de Pagos RIC” por supuestos problemas de salud.
Fuentes oficiales confirmaron a Emisoras Unidas que los médicos fueron enviados a la cárcel Santa Teresa, donde está recluida la exfuncionaria, para practicarle diferentes exámenes y establecer su condición.
La diligencia estaba programada para horas de la mañana del lunes; sin embargo, fue suspendida porque la exfuncionaria, quien es una de las sindicadas, no fue trasladada a la “megasala” por su aparente mal estado de salud.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron en mayo pasado las investigaciones realizadas por las supuestas irregularidades en el Registro de Información Catastral (RIC), que vinculan a Baldetti.
Supuestamente se habrían proporcionado plazas fantasma en esa institución. El encargado de realizar las acciones ilícitas habría sido Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta.
De acuerdo con las pesquisas, los hechos fueron cometidos durante los años 2012 y 2015, período en el que se realizaron más de 50 contrataciones anómalas. Por medio de estas se habrían sustraído Q4 millones 893 mil.
Los funcionarios involucrados se quedaban con una parte de los recursos que se erogaban por medio de los contratos a personas que supuestamente realizaban labores en el RIC.
En este caso, que está a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, hay 16 personas señaladas.
Tendencias suicidas
Baldetti es procesada en varios casos de corrupción y la semana pasada recibió la primera sentencia. Un Tribunal la condenó a 15 años y seis meses de prisión por dirigir las acciones para cometer un fraude al Estado por medio de la compra de una sustancia que supuestamente sanearía el lago de Amatitlán.
Dos días después de que se diera a conocer el fallo, el Sistema Penitenciario trasladó una nota al Organismo Judicial donde hacía referencia a posible actitud suicida de la privada de libertad.
Sin embargo, se le practicó evaluaciones psiquiátricas por parte de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su estado mental y estas reflejaron que no tenía “planeación suicida franca” como detalló una médica de la cárcel Santa Teresa.