Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, se convirtió en el primer condenado por el caso “Odebrecht”.
El Juzgado de Mayor Riesgo D dictó este jueves 25 de octubre la sentencia en contra del acusado, quien aceptó ser sometido a un procedimiento abreviado al haber aceptado que cometió el delito de lavado de dinero.
La pena que el Ministerio Público (MP) solicitó fue de tres años y una multa de 100 mil dólares, la cual llegó a dicha cifra pues se argumentó que por haber sido colaborador eficaz del órgano encargado de la persecución penal se le podía aplicar la reducción de la sanción hasta la mitad, es decir seis años de cárcel y una sanción pecuniaria de 200 mil dólares.
La jueza Erika Aifán dictó la sentencia condenatoria en contra de Jegerlehner y suspendió la ejecución de la pena.
Además, condicionó al sindicado a evitar involucrarse en acciones delictivas por los próximos cinco años, pues si fuese vinculado a un nuevo caso penal, juzgado y declarado culpable, se reactivaría la pena que le fue suspendida.
La audiencia
Jegerlehner solicitó a la judicatura ser sometido a un procedimiento abreviado por los señalamientos que se hacían en su contra en el caso Odebrecht.
Durante la audiencia realizada este día, aceptó su responsabilidad ante la jueza Aifán sobre los hechos que se le imputaron.
Previo a que se dictara la sentencia, el Ministerio Público le entregó a la togada una copia de la boleta de carencia de antecedentes penales del sospechoso, así como las constancias de que no había sido condenado en procedimiento abreviado.
Acerca del caso
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron la existencia de una estructura criminal que habría recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Supuestamente las negociaciones estaban a cargo del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y los cobros se canalizaban por medio de la cartera que dirigía. El monto negociado sería de 17.9 millones de dólares.
La Fiscalía explicó que esta organización defraudó al Estado de Guatemala luego de la firma de contratos para que la constructora obtuviera concesiones para desarrollar un proyecto de ampliación en la carretera CA-2 Occidente.