La Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil dio trámite a dos acciones de amparo presentadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y por el Frente Parlamentario por la Transparencia y Democracia, los cuales buscan que se anule la decisión del Ministerio de Relaciones exteriores de revocar las visas de cortesía a varios trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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En ambas acciones se le dio un plazo de 48 horas al director general de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) que envíe informes circunstanciados relacionados con el tema.
Las solicitudes también mencionan a la canciller Sandra Jovel debido a que es la máxima autoridad en el MRE.
El primer amparo fue planteado por Jordán Rodas, magistrado de Conciencia, mientras que la segunda fue suscrita por los diputados
Sandra Nineth Morán Reyes, Leocadio Juracán Salomé, Erwin Enrique Álvarez Domínguez, Eduardo Cruz Gómez Raymundo, Jean Paul Briere Samayoa y Andrea Beatriz Villagrán Antón.
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Pleito entre el gobierno y la CICIG
La disputa entre el gobierno de Guatemala y la CICIG surgió desde agosto de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que el Iván Velássquez, jefe de la entidad internacional, había sido declarado "non grato".
Desde ese momento las relaciones entre la administración de Morales con la Comisión fueron disminuyendo, hasta el 31 de agosto pasado, cuando el mandatario anunció su decisión de no prorrogar el mandado de la entidad más allá de septiembre de 2019.
Otros hechos que marcaron la disputa son:
- La negativa a que Velásquez ingrese al país.
- El retiro de visas a trabajadores de la CICIG.
- La insistencia en que el jefe de la Comisión será cambiado y que Guatemala dará su punto de vista respecto del próximo titular de la entidad.
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