Los integrantes de la junta directiva Dolores Beltrán, Estuardo Galdámez y Karla Martínez, como Delia Bac y su hija, Eva Monte Bac, presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y castigar hasta con cinco años de prisión a las personas que critiquen a los políticos.
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La iniciativa prohíbe realizar depresión, persecución y hostigamiento a candidatos y personas designadas para funciones públicas durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital para impedir su derecho político.
La sanción por el “acoso político” será de dos a tres años de prisión y la inhabilitación para algún puesto político similar a la condena.
También en el proyecto de ley se contempla agregar el inciso “Q” al artículo 407 de ese código para impedir la agresión psicológica o física u otro tipo de coacción a participantes a puestos públicos o designados para un cargo político durante o después del proceso electoral para impedir su ejercicio de su derecho político o función.
A ese delito se le impondrá una condena de dos a cinco años de prisión y a la vez la inhabilitación para algún cargo público por el mismo periodo de la condena.
En caso cuando ambos delitos sean cometidos por trabajadores o representantes legales de cualquier empresa se les impondrán multas entre Q2 mil a Q20 mil, y en caso sea de reincidencia se sancionará a la persona jurídica o hasta se podrá cancelar al negocio.
“El hecho de que sean políticos o estén en ejercicio de una función no quiere decir que no se puedan defender, es por eso la razón que presentamos la ley, no estamos diciendo que se aprobará mañana, pues lleva un proceso en una comisión”, explicó Monte Bac.
La diputada aclaró que no se limita la libertad de expresión.
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Sin embargo, algunos colegas de los ponentes de la iniciativa señalaron que se debe conocer el trasfondo de la misma, porque al parecer tratan de desviar la atención de otros temas.
Generan reacciones
El artículo 35 de la Constitución permite la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni permiso alguno, por lo que dicho derecho constitucional no podrá ser restringido por alguna normativa.
Tampoco se considera delito o falta publicaciones o denuncias, críticas contra funcionarios o empleados por actos durante su ejercicio de sus funciones.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, consideró que fue una iniciativa precipitada, porque a pesar de que tienen el derecho de presentar propuestas de ley, deben conocer el régimen democrático.
“No es criminalizando a los ciudadanos que se evitará la crítica a los funcionarios, no tenemos que tener la epidermis muy sensible porque la propuesta genera un desgaste innecesario a los ponentes que en caso de llegarse a aprobar generará inconstitucionalidades”, indicó Rodas.
