La solicitud con miras a cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, fue hecha a última hora del lunes, en víspera de las polarizadas elecciones de medio mandato en las que el presidente Donald Trump y el gobernante Partido Republicano plantearon el tema de la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional.
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“La pasada administración inició el DACA sin un mandato o incluso una autorización del Congreso o los tribunales; por lo tanto, esta administración puede terminar el DACA en cualquier momento”, dijo el fiscal general Jeff Sessions.
El Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia estadounidense, pronunciarse sobre la legalidad del DACA, pasando por encima de cortes inferiores que bloquearon los planes del gobierno de terminarlo.
En la petición, el procurador general, Noel Francisco, dijo que las medidas cautelares emitidas por cortes federales han impedido finalizar este programa, el cual, según el gobierno de Trump, solo ha servido para alentar la inmigración ilegal.
Por lo tanto, Francisco dijo que es necesario que sea concedido de manera inmediata un recurso de “certiorari”, el proceso mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.
La Administración Trump anunció el 5 de septiembre del año pasado la cancelación del DACA, al cual están acogidos unos 700 mil de los 1.8 millones de “dreamers” que se estima hay en el país.
El presidente dio entonces seis meses al Congreso para encontrar a una solución permanente para estos jóvenes, en su mayoría latinoamericanos. Pero hacia marzo de 2018 los legisladores aún no habían logrado un acuerdo para resolver su estatus legal.
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Mientras tanto, tres cortes federales, una en California en enero, otra en Nueva York en febrero y otra en el Distrito de Columbia en abril, consideraron ilegal la rescisión del DACA y lo restituyeron.
Estos tres fallos son los que refuta ahora el gobierno de Trump, buscando que la Corte Suprema de nueve miembros, de mayoría conservadora tras el reciente ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh, apoye su decisión de cancelar el DACA.
“La ley de inmigración en este país, y el estado de los beneficiarios de DACA en particular, en última instancia, debe ser resuelto por nuestros representantes en el Congreso. El Departamento de Justicia no debería haberse visto obligado a presentar esta solicitud (…) pero no dudaremos en defender el sistema constitucional de controles y balances con vigor y resolución”, añadió.
*Con información de AFP
