La jueza Daniela Camacho afirmó el miércoles que el exmandatario es llamado a juicio por delito de secuestro y rechazó sumar el delito de asociación ilícita, aunque tras este dictamen el proceso judicial quedó suspendido porque este delito no puede ser juzgado en ausencia.
Entre los acusados también están el ex titular de la secretaría nacional de inteligencia, Pablo Romero, que al igual que Correa vive en Europa, mientras que para los dos agentes policiales que habrían ejecutado el plagio el juicio seguirá normalmente.
El abogado del exmandatario, Caupolicán Ochoa, dijo tras el fallo que “esperábamos algo así porque durante las últimas semanas fuimos testigos de una desaprensiva presión de orden políticos obre la señora jueza”.
Un delito de esta naturaleza se castiga con una pena de prisión de 12 años. Ecuador ha solicitado una orden de extradición para Correa y Romero, lo que aún no se cumple.
El caso inició en 2012 cuando Balda era un duro opositor de Correa, al que acusaba de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una trama para derrocarlo. Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Bogotá, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron el vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Las investigaciones judiciales en Colombia determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar al exlegislador.
Correa gobernó Ecuador con mano de hierro entre 2007 y 2017, y poco después de dejar su cargo se fue a vivir a Bélgica, de donde es oriunda su esposa. Desde allí ha denunciado ser un perseguido político del gobierno de su antiguo amigo y compañero de partido, el actual presidente Lenín Moreno.