Dividido en dos capítulos y un apartado especial sobre el financiamiento electoral ilícito, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presenta los resultados de trabajo entre 2017-2018, en el cual resalta el apoyo técnico al Ministerio Público para identificar y judicializar a los grupos ilegales y clandestinos que operan en instituciones gubernamentales.
PUBLICIDAD
Durante el último año, la Comisión logró duplicar la presentación de casos de corrupción, ya que de septiembre del año pasado al mismo mes del presente año se judicializaron 16 casos, se presentaron 11 antejuicios, de los cuales dos fueron declarados con lugar, cuatro están en resolución y cinco fueron rechazados.
A la vez, se dictaron cien sentencias, cuatro casos están en debate y cinco están pendientes de iniciar el debate, y se recuperaron US$17 millones y Q70 millones en reparaciones.
A pesar de que el gobierno de Jimmy Morales le retiró la seguridad de la Policía Nacional Civil a la CICIG, le prohibió el ingreso al comisionado Iván Velásquez y ha decidido no renovar las visas de cortesía a su personal, este viernes el jefe de la Comisión por medio de un video explica el trabajo que ha aportado la CICIG a las entidades del sistema de justicia.
Los casos
Entre las investigaciones presentadas en este periodo están “Caja de Pandora”, se evidencia la corrupción en el Sistema Penitenciario y la Municipalidad de Guatemala. Algunos de los señalados fueron el alcalde Álvaro Arzú y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. También está la investigación por corrupción en las comunas de Huehuetenango y Totonicapán.
PUBLICIDAD
En enero se presentó el caso “Traficantes de influencias”, que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria, algunos de los vinculados son el diputado Felipe Alejos y el empresario Mario Castillo Leal.
Otro de los resultados en investigación fue el caso “Odebrecht I”, en el cual se presume que la constructora brasileña pagó sobornos a funcionarios como Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón. También se inveestigó el caso “Comisiones paralelas”, en el que se sospecha de los “acuerdos” para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CICIG junto con el Ministerio Público presentaron el caso “Manipulación de justicia”, por el que se capturó al exfiscal Rony López que investigaba la muerte de José Armando Melgar, padre del diputado Herbert Melgar Padilla y del general Erick Melgar Padilla, y el caso en el transporte público conocido como “Transurbano I”, en el que se denunció al gabinete del expresidente Álvaro Colom Caballeros.
Además, están los casos “Financiamiento electoral ilícito fase II y III”, que se derivaron del caso “Corrupción y construcción”, y se solicitó el antejuicio al mandatario Jimmy Morales, ya que fue el secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación.
Asimismo, en mayo pasado se reveló el caso “Negocios en la Industria Militar” por el pago de comisiones para obtener la adjudicación de algunos contratos, así como el caso “Mario Israel Rivera Cabrera”, por enriquecimiento ilícito y al que está vinculado el exdiputado Mario Israel Rivera.
Las investigaciones de la CICIG y el MP identificaron pagos de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. Derivado de las investigaciones en la adjudicación del Transurbano se identificó el caso de “Seguridad y transporte”, por aparentar el servicio de seguridad en ese servicio.
El cobro de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones durante la administración de Sinibaldi se identificó como el caso “Construcción y corrupción fase II”, por el cual se capturaron a varios constructores.
Y los últimos casos son “Corrupción en Quetzaltenango”, en el que el ex jefe edil Jorge Rolando Barrientos y exconcejales son señalados de cobrar comisiones ilícitas para la entrega de proyectos, y el de la corrupción para la compra de ambulancias en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fase II.
Alarma por agenda legislativa
A pesar de que el Ejecutivo desde el año pasado evidenció su distanciamiento de la CICIG, este año se ha sumado el Congreso contra la Comisión por impulsar una agenda que afecta la lucha contra la impunidad por la promoción de iniciativas de ley como lo fue la reforma al artículo 407 “N” del Código Penal, donde se establecen sanciones por financiamiento electoral ilícito, las modificaciones a la prisión preventiva que busca beneficiar a un grupo de señalados y afectando la independencia judicial, también está la propuesta de reconciliación nacional, y las reformas para la Ley en Materia de Antejuicio.
A la presentación de la CICIG se negaron a asistir el presidente, Jimmy Morales, y el titular del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, así como el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
