El comisionado Iván Velásquez presentó este viernes el XI informe anual de labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el cual resalta que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 se judicializaron 16 casos.
PUBLICIDAD
Tomando en cuenta que el Gobierno mantiene la prohibición para que el comisionado ingrese a Guatemala, aunque hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad que avala su presencia en el país, Velásquez participó a distancia en el acto donde se presentó el documento.
Por medio de videoconferencia, expresó un mensaje dirigido a los guatemaltecos, en el que resaltó que “son tiempos difíciles”, pero ve un futuro promisorio en el horizonte.
“Estoy seguro que el pueblo guatemalteco sabrá superar la adversidad y continuará su lucha aún más fortalecido por la construcción de un Estado de derecho verdaderamente democrático”, dijo.
Velásquez lamentó el no poder estar físicamente en Guatemala, pero aseguró que su corazón y su mente ocupan los espacios en este país.
De igual forma, resaltó que es necesario que autoridades y ciudadanos trabajen en conjunto para que exista un Estado en el que prevalezca el buen gobierno y la prosperidad.
Además, expresó su disposición para contribuir con los guatemaltecos en ese proceso de transformación hacia una sociedad que no permita en su seno la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Así como en generar acciones para dar el paso hacia el empoderamiento de la ciudadanía y que no se detenga el proceso iniciado en 2015 en el país para combatir la impunidad y la corrupción.
PUBLICIDAD
Se debe continuar
Velásquez señaló que la tarea de transformación y de recuperación del Estado para el bien común solo pueden hacerla los propios guatemaltecos y guatemaltecas y son estos quienes lideran ese trabajo en todos los ámbitos.
“Aunque algunos pretenden generar confusión, enarbolando falsos nacionalismos y acusando a la comisión de violar la soberanía de Guatemala, la realidad es incontrovertible”, manifestó.
Añadió que ninguna investigación criminal, resolución judicial, sentencia o ley es posible si no hay una autoridad nacional comprometida en ello.
El jefe de la CICIG dio a conocer que expertos internacionales y abogados e investigadores nacionales de la comisión trabajan con los fiscales del Ministerio Público apoyando en investigaciones y transfiriendo en el trabajo cotidiano las mejores técnicas y prácticas internacionales, pero la persecución penal está en manos de la Fiscalía General.
También dijo que son los jueces guatemaltecos los que deciden finalmente absolver o condenar a los procesados.
Y aseguró que para que un proceso de fortalecimiento institucional sea posible en el país es indispensable que exista voluntad del Estado y de la sociedad guatemalteca de transformar su realidad.
“No hay duda que todos los logros alcanzados hasta hoy se debe a la voluntad mayoritaria del pueblo guatemalteco, pero es indispensable ampliar y profundizar ese proceso transformador”, mencionó.
A su criterio, muy poco sirve la más perfecta y completa investigación criminal, si los delincuentes continúan controlando a su antojo la impunidad.
En ese sentido, consideró indispensable reanudar los esfuerzos para que una reforma constitucional de la justicia abra espacios a la independencia judicial y la conformación de órganos judiciales con los funcionarios más idóneos, así como impulsar las reformas para la modernización del Estado.
“No ha sido un trabajo fácil. A medida que se avanza en la lucha contra la corrupción, los núcleos de poder de estructuras que están acostumbradas a beneficiarse del Estado, al que mantienen capturado, la reacción se va radicalizando y hace esfuerzos desesperados por mantener sus privilegios de toda clase”, aseveró el comisionado.
Y señaló que es en ese escenario cuando se incrementan las demostraciones de fuerza y campañas de difamación de desprestigio contra la labor de la CICIG y sus funcionarios, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil, jueces y fiscales independientes, funcionarios de todos los poderes que renuevan sus compromisos de lucha contra impunidad y medios de comunicación independientes.
“Nada de esto puede detener el proceso transformador que se inició en 2015 en Guatemala”, enfocado en la búsqueda de un verdadero estado de derecho, con una ciudadanía empoderada”, puntualizó.
“Mucho se ha avanzado, pero aún falta dar el paso definitivo hacia el futuro. Y nosotros, si ustedes lo desean, estamos dispuestos a continuar acompañándolos para dar ese paso”, concluyó.
Mandato de la CICIG
Velásquez destacó que el mandato de la CICIG, examinado integralmente a la luz del acuerdo que le dio vida, podría resumirse en los siguientes puntos:
- Contribuir con el Estado en la desarticulación de estructuras criminales de alto poder, pues tienen la capacidad de afectar el pleno goce de los derechos civiles y políticos y de procurarse impunidad, y prevenir su reaparición.
- Con el solo objetivo de determinar la existencia de estos grupos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado, la CICIG puede adelantar de manera preliminar investigaciones propias.
- Como su actuación debe tener trascendencia jurídico penal, promueve con el MP la investigación, persecución penal y sanción de tales organizaciones criminales, respetando la titularidad de la acción penal que recae en la Fiscalía General de la República.
- Sin embargo, dado que el fin último de este novedoso modelo de cooperación internacional no es solo desarticular, lo que se lograría con la persecución penal, sino también erradicar y prevenir la reaparición de esas estructuras de alto poder, se le facultó a la comisión para que con ese propósito formulara propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales con ese enfoque.
