"El nombramiento dictatorial de Donald Trump nos despoja, a nosotros los senadores, de nuestra obligación constitucional de examinar la nominación del principal responsable del sistema judicial", dijo en un comunicado el senador Richard Blumenthal, que recurrió ante un tribunal federal de Washington junto a sus colegas Sheldon Whitehouse y Mazie Hirono.
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Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente nombra a sus secretarios, pero sus escogidos deben ser validados por los senadores.
Sin embargo, Matthew Whitaker, designado temporalmente ministro el 7 de noviembre tras el despido de Jeff Sessions, no ha sido confirmado por el Senado.
La Casa Blanca asegura que eso no es necesario porque se trata de un cargo interino. El caso de Whitaker se inscribe "en siglos de prácticas", insistió este lunes la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec.
Pero según Blumentahl, si Trump evitó ese paso es porque "Matthew Whitaker no pasaría la prueba".
Críticos del presidente estadounidense estiman que el nombramiento de Whitaker tiene el objetivo de poner coto a la investigación sobre las sospechas de colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en las elecciones presidenciales de 2016.
En su nueva posición, Whitaker estará a cargo de supervisar dicha investigación, que ya en el pasado ha tachado de "cacería de brujas", a tono con los comentarios de Trump.
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Varios juristas también han expresado sus dudas sobre la legalidad de la nominación del Fiscal General, contra quien se multiplican los recursos legales.
El viernes, abogados pidieron a la Corte Suprema impedirle al secretario de Justicia interino de responder en nombre del gobierno en un caso que enfrenta a su cliente con el Ejecutivo, sobre la prohibición para ex convictos de comprar armas de fuego.
En cambio solicitan que se designe al número dos del departamento, Rod Rosenstein (quien sí recibió aval del Senado) como único habilitado para responderles.
Un recurso similar fue introducido ante un tribunal de Maryland la semana pasada.
Esta incertidumbre legal representa un riesgo para las decisiones tomadas por Whitaker mientras ejerza el cargo, ya que podrían ser invalidadas si la justicia declara su nombramiento como ilegal.
