La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se pronunció este jueves por medio de un comunicado acerca de las enmiendas que se discuten en el Congreso relacionadas con la iniciativa de ley de Aceptación de Cargos.
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A criterio de la entidad, lo que debería ser un instrumento para fortalecer la justicia, podría convertirse en un mecanismo de impunidad, si esos cambios quedan en firme.
Esta iniciativa, que contempla reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos, fue presentada en julio de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de establecer una forma de agilizar la resolución de procesos penales.
La propuesta está enfocada en que las personas que tengan voluntad de aceptar total o parcialmente los cargos que se les imputan reciban beneficios, pero bajo ciertas garantías y con respeto a los derechos humanos de los procesados y las víctimas.
Esto sería “a cambio del otorgamiento de beneficios penales proporcionales y razonables, que no generen impunidad”, destaca la CICIG.
Y añade que este mecanismo es necesario para agilizar el sistema de justicia y debe servir para garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, la reparación y garantías de no repetición.
En ese sentido, la CICIG instó al Congreso a adoptar las propuestas presentadas por las instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil y que evite que se aprueben enmiendas que convertirían la iniciativa en un instrumento de impunidad.
Enmiendas cuestionadas
Son dos enmiendas en específico a las que se refiere la CICIG en el comunicado, ante las que expresa su preocupación.
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Una es la disminución del 50 por ciento de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, lo cual daría como resultado que todos los delitos con penas de diez años de cárcel o menos quedarían liberados de cumplimiento de la pena de prisión.
La CICIG destaca que esto incluye también delitos graves como la trata de personas, violación y cohecho, entre otros.
Añade que incluso esta podría tener los mismos efectos del decreto 15-2017, aprobado en el denominado “pacto de corruptos” en septiembre del año pasado, y que después fue dejado sin efecto tras el rechazo expresado por la ciudadanía.
El otro tema que cuestiona la comisión es la disminución de las condiciones de reparación a la víctima que “desnaturalizan el mecanismo originalmente planteado”.
