El Ministerio Público (MP) pidió al Juzgado de Mayor Riesgo D pidió que Rodrigo Arenas y Andrés Botrán sean enviados a juicio por el delito de financiamiento electoral no registrado.
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La solicitud fue hecha para cumplir con el plazo y orden que fijó la jueza Erika Aifán al órgano encargado de la persecución penal para dar continuidad al proceso por supuestos aportes financieros irregulares entregados al partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
El pasado martes 20 de noviembre se desarrollaría en el Juzgado una audiencia en la cual la Fiscalía contra Delitos Electorales solicitaría el cierre del proceso penal en contra de Arenas y Botrán por medio de un criterio de oportunidad con el cual ambos debían declararse culpables.
Sin embargo, al respecto no existía un acuerdo entre el MP, los querellantes y los señalados, hecho que se hizo notar durante la diligencia.
De esa cuenta, Aifán rechazó continuar con la audiencia y emplazó al órgano encargado de la persecución penal para que en los tres días posteriores presentara un señalamiento concreto de cómo debía seguir el caso, que podía ser pedir un debate, solicitar el cierre total o nuevamente un criterio de oportunidad.
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¿Por qué se pidió juicio?
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, informó por la vía telefónica que se hizo la solicitud de juicio porque no existió ningún acuerdo con las otras partes del proceso.
Sobre el delito por el cual se pidió el debate, el funcionario explicó que se hizo un análisis acerca de qué figura delictiva se adecuaba a los hechos por los cuales se señala a Arenas y Botrán.
De esa manera se estableció que ya no está vigente el delito de financiamiento electoral ilícito, pues fue reformado de manera reciente por el Congreso, que creó el ilícito de financiamiento electoral no registrado, y porque "beneficia a los procesados"
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