La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al presidente Jimmy Morales y autoridades de diferentes dependencias de Gobierno que se abstengan de emitir y obedecer órdenes que impidan el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Por medio de una publicación de la Corte en el diario oficial, este miércoles se conoció que se resolvió con lugar una solicitud de ampliación relacionada con un amparo promovido contra autoridades de Gobierno por la prohibición al jefe de la comisión.
La orden de la CC va dirigida a Morales, los ministros de Gobernación y Defensa Nacional, el director de la Policía Nacional Civil, el subdirector de Control Migratorio de la Dirección General de Migración y a cualquier otra autoridad y jefes migratorios.
“Que se abstengan de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso a territorio guatemalteco del comisionado”, se lee en la resolución del máximo tribunal.
De igual forma, en esta se aclara que el ingreso al país del titular de la CICIG no se encuentra supeditado al agotamiento de las vías de negociación que se ordenó para la solución de las controversias surgidas de la aplicación o interpretación del acuerdo de creación de la comisión.
Asimismo, se reitera que en el momento en el que se dieron los pronunciamientos de la corte, quien ostentaba la calidad de jefe de la CICIC era Iván Velásquez, quien en la actualidad sigue al frente de la entidad internacional.
De igual forma, la CC conminó a los funcionarios de las citadas instituciones a que “observen que la instrucción de prohibir el ingreso al país de Iván Velásquez ha dejado de surtir sus efectos”.
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Si en caso se ejecutan actos contrarios a lo dispuesto por la CC se estaría incurriendo en las responsabilidades de ley, señala la publicación.
La prohibición
El pasado 4 de septiembre, un día después de que el comisionado viajara a Washington, Estados Unidos, el Gobierno anunció que en seguimiento a la recomendación hecha por el Consejo de Seguridad Nacional se tomó la decisión de prohibir el ingreso de Velásquez al país.
El argumento utilizado fue que el jurista colombiano es considerado como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Diferentes acciones legales se han planteado para que se le permita regresar a Guatemala, en tanto, el Gobierno ha interpuesto recursos para que se mantenga la restricción. También ha pedido a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se nombre a un nuevo comisionado.
En declaraciones brindadas hoy a Emisoras Unidas, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, aseguró que Guatemala continúa con la negociación y el diálogo con la ONU en torno a las diferencias relacionadas con la CICIG y Velásquez.
