El comisionado Iván Velásquez expuso este viernes en una conferencia realizada en El Salvador la experiencia de combate a la corrupción e impunidad en Guatemala.
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La actividad, denominada "Desenmascarando la gran corrupción", también contó con la participación de expertos salvadoreños. Se desarrolló en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre.
Velásquez se refirió a que su experiencia no solo va enfocada en la presencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino en la labor de un pueblo que está tratando de construir democracia.
El comisionado destacó que esta entidad tiene como función apoyar al Ministerio Público (MP) en la desarticulación de las estructuras criminales de gran poder, que afectan el goce de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y tienen capacidad para propiciarse impunidad.
“El MP es el que tiene la titularidad de la acción penal, la CICIG no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales, lo que pretende es contribuir con estas”, aclaró.
En ese sentido, detalló que cuando se asume la crítica de que organizaciones como la CICIG afectan la soberanía nacional, no es así.
“En realidad la mejor investigación que se pudiera realizar por la CICIG, si no es admitida, compartida y aceptada por el MP, puede quedar para los archivos, pero sin ninguna incidencia judicial, porque es el Ministerio Público guatemalteco el que dirige la investigación y tiene la responsabilidad de judicializar esa investigación”, manifestó.
Asimismo, el jurista colombiano aseguró que la comisión no favorece a ningún sector ni a ninguna persona.
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Descarta intromisión
Por aparte, Velásquez dijo que la CICIG puede proponer políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para evitar la reaparición de las estructuras criminales, pero son las autoridades nacionales las que deciden si las aceptan y las aplican.
“Es el Ejecutivo y el Legislativo guatemaltecos a quienes se les atribuye la facultad de definir las políticas públicas y aprobar las leyes que consideren necesarias para el adecuado desarrollo institucional”, resaltó.
“Entonces, si de lo que se trata es de apoyar y formular propuestas, no es cierto que la CICIG afecte la soberanía nacional”, añadió el jurista.
Resaltó que en los últimos meses ha aumentado la crítica contra la CICIG porque se asume que esta afecta la soberanía o divide a la sociedad.
En ese sentido, consideró que hay algún interés detrás de esas posiciones que señalan a la CICIG, que es poder seguir disfrutando del poder e impunidad como tradicionalmente ha venido ocurriendo en Guatemala.
