Un juez federal suspendió el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que negaban el asilo a los migrantes que huyen de la violencia doméstica o de pandillas en sus países de origen.
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El juez de distrito Emmet Sullivan determinó que algunas de las directrices redactadas por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, no pueden ser usadas para probar si un inmigrante tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado en su país de origen, que es el primer paso para solicitar asilo en Estados Unidos.
El juez aseveró que las normas de asilo impuestas por el gobierno de Trump violan las leyes federales de inmigración y "es la voluntad del Congreso, no los caprichos del ejecutivo”, la que determina cuáles serán los estándares para deportar a alguien.
Se trata de otro revés legal para los intentos del presidente Trump de endurecer las normas migratorias sin pasar por el Congreso.
Un proceso distinto acerca de si los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente pueden pedir asilo, está siendo dirimido en un tribunal de San Francisco. Un juez ordenó una suspensión temporal de esa práctica impuesta en noviembre, y el trámite del miércoles debía decidir si se prorrogaba la suspensión. El gobierno de Trump le ha solicitado a la Corte Suprema que permita la implementación de dicha política.
En respuesta al fallo de Sullivan, un portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford, dijo que la directriz de Sessions se había apegado a los requisitos de asilo de acuerdo a la ley estadounidense.
“Estamos revisando nuestras opciones respecto de este fallo, y continuaremos restaurando el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración”, apuntó.
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Los funcionarios del gobierno de Trump afirman que el proceso de asilo es aprovechado por inmigrantes que confían en pasar la primera prueba sobre el temor creíble para poder entrar en el país. Por lo general, sólo un 9% de los que piden asilo lo reciben.
El cambio en las políticas de inmigración implementado el 11 de junio tuvo un impacto inmediato.
Abogados de inmigración aseveran que algunas personas que creían iban a pasar la prueba de temor creíble no la pasaban, y que los jueces están rechazando más apelaciones, poniendo fin a procesos que debían durar años ante de que siquiera comiencen.
Sin embargo, funcionarios de la administración Trump dicen que la cantidad de gente que está alegando temor creíble ha aumentado drásticamente.
Por lo general, el asilo se les otorga a personas que son perseguidas en sus países de origen, o que podrían ser perseguidas en caso de que vuelvan. Miles de personas piden asilo todos los meses en los puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) demandó al gobierno por las restricciones a nombre de 12 padres e hijos que el gobierno equivocadamente determinó que no tenían un temor creíble de persecución en caso de volver. El fallo de Sullivan repercutirá en miles de casos en los que inmigrantes están bajo órdenes de deportación expedita.
Entre los demandantes se contaba una mujer identificada solo por un seudónimo: Grace. La ACLU dijo que la pareja de Grace la golpeaba y también a sus hijos, y que la agredió sexualmente a ella y a su hija. La ACLU afirma que la hija de la mujer sufrió un aborto después de que él hombre la agrediera. Según la demanda, la policía no actuó cuando ella denunció el problema y se había determinado que Grace no tenía un temor creíble de que sufriera persecución.
El juez también ordenó al gobierno devolver a territorio estadounidense a los demandantes que hayan sido deportados y evitar que sean deportados de nuevo.
“Este fallo es una derrota al abierto ataque del gobierno de Trump contra los derechos de los solicitantes de asilo. El intento del gobierno de cancelar las protecciones de asilo es ilegal e incompatible con el compromiso de larga dato de nuestro país de brindar protección a los inmigrantes que huyen para salvar sus vidas”, dijo Jennifer Chang Newell, abogada administradora del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, que argumentó el caso.
El juez que emitió el fallo atrajo la atención la víspera por sus críticas públicas al exasesor del gobierno de Trump, Michael Flynn. El juez dijo estar disgustado y sentir desprecio por los delitos de Flynn. El juez permitió que Flynn aplazara su sentencia para que pudiera continuar cooperando con los investigadores y tener crédito que le permita evitar la prisión.
