La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, se pronunció por las decisiones actuales que ha tomado el gobierno de Jimmy Morales con respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Por medio de un comunicado, Porras Argueta manifestó que el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas deben respetar al acuerdo que da origen a la CICIG y pues ese es "el marco regulatorio de aplicación obligatoria en dicha relación jurídica".
"En virtud de lo anteriormente expuesto, insto al Gobierno de Guatemala y a la Organización de las Naciones Unidas, para que se haga efectivo lo convenido en el acuerdo en mención respecto de la solución de controversias", anota el comunicado.
Acreditación diplomática
El pasado 18 de diciembre fue publicado, en el diario oficial, el listado de los empleados de la CICIG a quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores les revocó o denegó la visa.
La comisión detalló que las 11 personas que ya no contarían con acreditación diplomática son investigadores y litigantes en diferentes casos de alto impacto.
Hasta el momento, organizaciones de la sociedad civil, particulares y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) promovieron los amparos para dejar sin efecto decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales deberán de conocer los magistrados en las próximas horas.
