La Procuraduría General de la Nación (PGN) denunció a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
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En un comunicado, la PGN razona la acción legal pero no especifica cuál fue la resolución de la CC que la ameritó.
“Ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad poniendo en riesgo el Estado de Derecho”, se expuso.
En manos del Congreso
La PGN también indicó que será el Congreso de la República quien “determine la procedencia o no del derecho de antejuicio”, en referencia a los magistrados.
Los señalados por la Procuraduría General de la Nación son:
- José Francisco de Mata Vela
- Bonerge Amilcar Mejía Orellana
- Gloria Patricia Porras Escobar
Los delitos por los que fueron denunciados son:
- Prevaricato
- Violación a la constitución
- Resoluciones violatorias a la constitución
- Abuso de autoridad
El argumento
En el escrito difundido en redes sociales, se afirma que fue analizado un conjunto de resoluciones judiciales de la CC que son catalogadas como “arbitrarias e ilegales”.
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“Tienden a atribuirse facultades que no les corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente de la República”, se indica.
La resolución más reciente que afecta una decisión del Organismo Ejecutivo es la que ordena entregar la visa a 11 investigadores de la CICIG.
Anteriormente, se le dijo al Ejecutivo que no le podía impedir el ingreso al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
La resolución de la CC fue en respuesta a recursos de amparos para revertir lo anunciado por el presidente, Jimmy Morales, de impedir el ingreso a Velásquez.
Posición de la PGN
En su exposición, se considera que los fallos de la CC vulneran los principios fundamentales de legalidad, derecho de defensa y debido proceso variando las formas de tramitación de las acciones constitucionales de amparo.
Pero también acepta que la CC es un tribunal permanente cuya función es defender el orden constitucional.
“El actuar de ellos no se encuentra eximida de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antinomia con la misma Constitución”, dijo la PGN.
