Una convulsa Nicaragua finaliza este año sumergida en una crisis que, a lo largo de todo el 2018, la sacudió debido a la represión del Gobierno de Daniel Ortega en contra de los manifestantes, quienes exigen su salida.
El 18 de abril marcó el inicio de las protestas, luego de que se publicara oficialmente una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Ese miércoles comenzaron los enfrentamientos entre los inconformes y las fuerzas de seguridad, y a partir de allí todo fue en escalada.
Un día después, las manifestaciones contra la reforma se extendieron a varios departamentos, incluyendo León, Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí y Rivas.
Las protestas fueron especialmente activas en varias universidades del país.
Los enfrentamientos provocaron el derramamiento de sangre, dejando los primeros muertos, por los que ambas partes intentaron un acercamiento. La medida falló, y el gobierno intensificó su arremetida, algo que le valió a Ortega las críticas, cada vez más fuertes, de la comunidad internacional.
Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, solicitaron a Ortega el fin de la represión.
En julio, en una votación mayoritaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), se aprobó una resolución de condenaba al estado nicaragüense, y se solicitó el adelanto de las elecciones generales en el país.
En las semanas siguientes, miles de nicaragüenses, incluyendo activistas y líderes opositores, comenzaron a huir del país hacia naciones vecinas buscando escapar de la violencia.
Hasta la fecha, la crisis por las protestas ha dejado más de 320 muertos, cientos de manifestantes detenidos y miles de refugiados.
“Crisis terminal”
En entrevista con la AFP, el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico con Ortega, señaló que, tras ocho meses de protestas, el gobierno del mandatario nicaragüense avanza sin dirección y se encuentra en una “crisis terminal”, con la economía colapsada, dirigiendo la represión contra organismos de derechos humanos y medios de comunicación.
“Estamos en una crisis terminal” debido a que Ortega ha llevado al país “a un despeñadero (…) destruyendo la economía y la convivencia, y solo se puede mantener por el terror”, explicó Chamorro.
Ortega ha descartado anticipar elecciones y retomar el diálogo con la oposición, suspendido hace seis meses.
No obstante, Chamorro consideró que el fin del gobierno de Ortega, al que califica de una dictadura, tiene dos caminos: que acepte renunciar o que, producto “del colapso económico, se produzca una salida forzosa”.
Tras ocho meses de protestas que mantienen en vilo al país, Ortega, de 73 años y 11 en el poder, “ya no gobierna. Él manda, él ordena, pero no tiene capacidad de establecer consenso (…) Va a haber un momento que se va a producir una negociación, con o sin Ortega”, agregó.
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