La investigación que vincula a Manuel Baldizón con hechos de corrupción es el último de los 14 casos que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hicieron públicos durante 2018.
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Con esa pesquisa se confirmó la conexión que tenían el máximo representante del desaparecido partido político Libertad Democrática Renovada (Líder) con Luis Gómez, presidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
Derivado de las capturas que se realizaron el jueves 13 de diciembre, se conoció que la AEAU, responsable del sistema de transporte Transmetro, habría servido para financiar de manera irregular la campaña de Líder en 2011 y en 2015.
Los aprehendidos son:
- Héctor Antonio Aldana Castillo
- Roselia Díaz Ortíz
- Osmar Cruz Bustamante
- Carlos Humberto Martínez Ruano
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Otros casos del MP y de la CICIG
Las otras investigaciones que en conjunto realizaron ambas entidades son:
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- Manipulación de justicia.
- Odebrecht.
- Financiamiento electoral ilícito a FCN-Nación en las fases 1 y 2.
- RIC: una caja de pagos.
- Transurbano.
- Financiamiento electoral ilícito a Encuentro por Guatemala.
- Seguridad y transporte.
- Corrupción en Quetzaltenango.
- Industria Militar en sus fases 1 y 2.
- Comisiones paralelas.
- Traficantes de influencias.
- Coimas
- Ejecuciones extrajudiciales y tortura
Para profundizar el caso por financiamiento irregular al partido oficial, la Fiscalía y la CICIG pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se retirara la inmunidad al presidente Jimmy Morales.
La petición fue trasladada al Congreso de la República para que allí una comisión pesquisidora determinara si era prudente quitar el derecho de antejuicio al mandatario. Sin embargo, se negó la solicitud.
Entre los señalados por el caso están Rodrigo Arenas, expresidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), y Andrés Botrán, excomisionado presidencial contra la desnutrición crónica.
Otro de los procesos de alto impacto del año es el que vincula al diputado Felipe Alejos con una supuesta estructura ilegal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual ofrecía trámites exprés para la devolución de crédito fiscal.
La CSJ rechazó autorizar al MP y a la CICIG continuar las investigaciones al negar retirarle el derecho de inmunidad.
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