En la carta, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez expresa agradecimiento por el apoyo recibido por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
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En la misma le indica que desde que la CICIG inició a presentar casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder en Guatemala, las campaña s de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado para la comisión.
“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecución de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima”, anota Velásquez en la misiva.
Además, adjunta un documento con información sobre el funcionamiento del sistema de justicia y las actividades de la comisión “frente a las alegaciones recientes de representantes del Gobierno de Guatemala”.
Supuesta intervención en asuntos internos
“Se ha afirmado que CICIG se ha inmiscuido en asuntos internos al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la justicia”, explica en el documento.
Velásquez anota que el acuerdo constitutivo de la CICIG incluye en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs).
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“Desde su creación, CICIG ha participado en más de 34 propuestas de reformas legales”, se indica en el documento.
Diligencias procesales
El jefe de la CICIG explica que se ha afirmado que la comisión “abusa de la fuerza en las diligencias de allanamiento”, pero explica que dichos allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente.
Por lo tanto, la CICIG acompaña en rol de apoyo técnico en ciertos actos procesales y diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante.
Prisión preventiva
En la carta se indica que “se ha afirmado que CICIG abusa de la prisión preventiva”, pero esta es dictada por el juez competente, y aunque la parte acusatoria-fiscal puede solicitar la prisión preventiva, no depende de ellos la decisión al respecto.
Politización de justicia
Velásquez afirma en el oficio que no existe evidencia de que “los caso que apoya CICIG en materia de investigación y litigio responden a motivaciones y fines de tipo ideológico, encaminando persecuciones selectivas”.
“Los casos han generado imputaciones contra personas supuestamente relacionadas con redes ilegales de toda extracción social, origen y ubicación ideológica, en el propósito de perseguir estructuras criminales, independientemente de la naturaleza o calidad de las personas que la integran”, se lee.
