El Congreso conoció y aprobó en la sesión plenaria de este jueves el dictamen favorable de la iniciativa 5377, por medio de la cual se busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
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Esta propuesta plantea que se dicte la amnistía por todos los delitos tipificados en el Código Penal a las personas que participaron en el conflicto armado interno. Asimismo, que no sean objeto de medidas de coerción ni persecución penal.
Inicialmente los legisladores votaron con relación a dictámenes sobre las reformas, tomando en cuenta que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió uno a favor, pero la de Derechos Humanos dictaminó de forma desfavorable.
Con 83 votos a favor se aceptó el de la comisión de Legislación, y militares retirados, algunos de sus amigos y familiares que se encontraban en el palco para presenciar la plenaria celebraron con gritos y aplausos.
Los diputados también le dieron trámite en primer debate a las modificaciones al decreto.
Opiniones encontradas
Este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca de la iniciativa que propone las reformas a la ley de Reconciliación Nacional.
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Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), explicó que este decreto fue aprobado en diciembre de 1996, en el contexto previo a la firma de los Acuerdos de Paz.
En aquel momento se presentó la iniciativa por parte de un diputado que presidía la comisión de Derechos Humanos, quien buscó que no se violentara la Constitución ni ningún convenio ni tratado internacional de derechos humanos, recordó.
Según él, quedó bien, aunque en aquel momento hubo duda de cómo se iba a aplicar, pues se creyó que sería una amnistía, pero dejó en el artículo 8 la ventana abierta a delitos que son imprescriptibles como genocidio, tortura y desaparición forzada.
“Se puede amnistiar casi cualquier delito político o conexo, pero es una amnistía parcial, no total”, señaló.
A su criterio, las reformas no deben ser aprobadas, pues se trata de van en beneficio de personas que tienen nombre y apellido. podría haber inconstitucionalidades. Además, significaría el uso de recursos por parte del Estado.
“Implicará el pago de salarios para diputados y de todos los que participan en la aprobación. Sería una pérdida de tiempo, requeriría también el pago para magistrados cuando tengan que analizar inconstitucionalidad o inconvencionalidad del tema”, apuntó.
Mientras tanto, Lucrecia Marroquín de Palomo, exdiputada y exgobernadora departamental, consideró que sí debe avanzar este ley porque es urgente que como guatemaltecos “pongamos un punto final a una guerra que no se ha cerrado”.
“Urge esta ley de reconciliación tal como está pasando porque de lo contrario, ya tenemos un Ejército tan debilitado, y nunca jamás va a salir a proteger como es su función constitucional teniendo presos a nuestros héroes de guerra”, resaltó.
