Congresistas estadounidenses, incluida Norma Torres, quien es de origen guatemalteco, instaron al presidente de ese país Donald Trump, por medio de una carta, a que se impongan sanciones a “funcionarios corruptos” de Guatemala y se suspenda la asistencia al gobierno central.
Indicaron que la Administración Trump no ha actuado cuando el gobierno guatemalteco se ha movilizado para expulsar a la CICIG, una organización anticorrupción respaldada por los Estados Unidos y las Naciones Unidas.
“Le imploramos que tome medidas urgentes para defender el estado de derecho en Guatemala y evitar una mayor desestabilización de la región”, manifestaron en la misiva.
Torres y el legislador Jim McGovern encabezan el grupo de 45 miembros del Congreso que instó a Trump a que actúe ante la situación de Guatemala, marcada por lo que señalaron como violaciones al estado de derecho por parte del Gobierno.
“Estas acciones arriesgan el progreso realizado a través de la Estrategia de Participación de los Estados Unidos en América Central, una inversión de varios años de los Estados Unidos para mejorar la gobernabilidad, la seguridad y la prosperidad, financiada con un fuerte apoyo bipartidista”, cita la misiva.
Añade que los legisladores están profundamente preocupados de que si no hay una fuerte respuesta por parte de la nación norteamericana, el “comportamiento antidemocrático” del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala “descenderá a la anarquía”.
Por ello pidieron la aplicación de las sanciones de la Ley Magnitsky y la suspensión de la asistencia al gobierno central guatemalteco.
Citan acciones del Gobierno
Los legisladores federales mencionaron una serie de acciones del Gobierno de Guatemala en las que se habría socavado el estado de derecho:
- El 31 de agosto de 2018 el Ministerio de Gobernación ordenó utilizar los jeep J8 donados por Estados Unidos para que, con agentes armados, patrullaran frente a la embajada de EE. UU. y la sede de la CICIG.
- Ese mismo día, el presidente Jimmy Morales ofreció una conferencia de prensa, acompañado por militares, para declarar que Guatemala no renovaría el mandato de la comisión.
- El 5 de enero de 2019, el gobierno “desobedeció flagrantemente” un fallo judicial y detuvo al investigador de la CICIG, Yilen Osorio, en el aeropuerto Internacional la Aurora.
- El 7 de enero, el gobierno anunció que terminaría de inmediato el mandato de la CICIG, a pesar de que su creación fue ratificada por el Congreso nacional de Guatemala.
“Estas acciones amenazan con perturbar el orden constitucional en Guatemala, debilitando la confianza de los inversionistas y la capacidad del sistema de justicia guatemalteco para enfrentar el crimen organizado, el tráfico de personas y de drogas, concluyeron.