El Parlamento Europeo envió una carta al presidente Jimmy Morales en la cual se manifiesta preocupado por la situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala.
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Uno de los puntos resaltados por los parlamentarios como preocupante son las medidas tomadas para impedir la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por finalizada la labor de la CICIG de forma unilateral y la orden de expulsión contra sus empleados”, expresaron.
De igual forma, consideraron que estos hechos son un“preocupante ataque” al legítimo derecho de la libertad de expresión y el fundamental derecho y obligación de toda persona de defender los derechos humanos.
En esta el Parlamento también se mostró preocupado por los señalamientos negativos públicos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Consideramos que tales hechos socavan la separación de poderes y ponen en entredicho los avances hechos en el combate a la impunidad y la corrupción en el país”, refirieron.
La misiva, fechada el 22 de enero, fue remitida a Morales y con copia a la canciller Sandra Jovel; el embajador de Guatemala ante la Unión Europea (UE), Jorge Skinner-Klée; y el jefe de la Delegación de la UE en Guatemala, Stefano Gatto.
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En esta el Parlamento instó al presidente, a Jovel y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y otros juzgados que han ordenado el respeto al acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno sobre la CICIG y a resguardar la integridad de los funcionarios de la comisión.
Preocupaciones
El Parlamento señaló además como negativas las declaraciones públicas hechas por parte del Ejecutivo contra entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Ello porque consideran que las mismas pudieran traducirse en intimidaciones y ataques directos a la seguridad de estas personas.
“Este clima, junto a otros graves problemas del Estado guatemalteco, ha permitido que en 2018 se produjesen 26 asesinatos contra personas que defienden derechos humanos”, cita la carta.
Y recuerda que en febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que expresaba sus preocupaciones por la situación de las personas defensoras en Guatemala, donde se mencionaba la necesidad de desarrollar una política pública de protección de estas personas.
Asimismo, se resaltaba la necesidad de acometer la reforma del sistema judicial y de continuar avanzando en la lucha contra la corrupción e impunidad.
El Parlamento concluye haciendo un llamado a todos los poderes del Estado de Guatemala a hacer lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y el funcionamiento democrático.
