Después de la vista pública para solicitar el amparo definitivo para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) siga operando en el país, Acción Ciudadana y Marco Vinicio Mejía Dávila reprocharon la postura del Ministerio Público (MP) para defender a su principal aliado.
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Los argumentos en lo que coincidieron las partes que lograron detener en enero pasado la decisión del presidente, Jimmy Morales, es que él no puede anular un decreto aprobado por el Congreso.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, consideró que no hubo exposición del MP porque no fundamentan la petición, lo cual es preocupante que esa entidad que es el socio principal de la entidad afectada no tenga elementos de juicio para defender en el combate a la lucha contra la corrupción.
“Lo deja a uno frío porque vemos que no se sostiene argumentos sino solo se pide que se deje sin efecto el acuerdo porque ya no hay materia que perseguir en la materia de lo reclamado, pero no se argumenta nada. Creemos que el gobierno quiere finalizar la lucha contra la corrupción valiéndose de total impunidad”, explicó Marroquín.
Señala a la fiscal general
El abogado Mejía Dávila denunció que el ente investigador a cargo de María Consuelo Porras tiene una doble moral, mostrando aparentemente que está haciendo pero en los hechos no lo hace.
Asimismo, la catalogó que la fiscal general no es un aliado a la lucha contra la corrupción porque solicitó que se dejara en suspenso el amparo provisional cuando se solicitó la vista pública, pero este jueves no se atrevió a decirlo
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“Hay una evidencia y la exigencia a la fiscal general es que debe comprender que hay un clamor para la lucha contra la corrupción”, agregó Mejía Dávila.
En la vista pública no se presentó ningún representante del gobierno de Morales ni de la Cancillería, pero pueden presentar sus argumentos por escrito.
La representante de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales no quiso profundizar sobre su postura, ya que se había detenido el acuerdo y la CICIG seguía funcionando.
Espera remoción
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, espera que en un plazo razonable la Corte de Constitucionalidad resuelva las debidas ejecutorias y promueva la remoción de la canciller debido a que no se puede estar burlando de las resoluciones del máximo tribunal.
Rodas indicó que la postura del gobierno de Jimmy Morales sigue siendo desafiante y raya en la ilegalidad ya que hay una desobediencia continuada, por ejemplo, no informar a las embajadas sobre la continuidad de la CICIG y varios países han retirado a su equipo de la Comisión.
