Los solicitantes de los amparos a favor de la CICIG expusieron este jueves sus argumentos en una vista pública que se llevó a cabo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, representantes de la organización Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, así como mandatarios de la CICIG y una fiscal del MP, expusieron sus posturas.
La diligencia se dio en seguimiento a los amparos provisionales otorgados por el máximo tribunal constitucional, por medio de los cuales se mantiene en suspenso la decisión del Gobierno de poner fin al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El primero en tomar la palabra fue Mejía, uno de los solicitantes del amparo, quien resaltó que las decisiones que han tomado las autoridades reprochadas, en nombre del Estado y alegando una soberanía que únicamente radica en el pueblo, han creado divisionismo.
Detalló que la decisión tomada por el presidente Jimmy Morales, en consejo de ministros, y que se plantea en el acuerdo gubernativo 2-2019, que derogar el decreto del Congreso 35-2007 en el que se ratificó el acuerdo de creación de CICIG, viola el principio de paralelismo de las formas.
“Solo la autoridad que ha emitido una disposición puede ser la misma que la va a modificar, confirmar o derogar, o sea el Presidente de la República está usurpando atribuciones porque la Constitución no le permite emitir y pretende dejar sin efecto un decreto del Congreso”, dijo.
En ese sentido, aseguró que el Congreso era el único facultado para legislar, en el sentido de ratificar, modificar o derogar el decreto que dio vida a la CICIG.
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“Lo que yo reclamo es que el presidente, su consejo de ministros, están asumiendo atribuciones que no les corresponden y funciones que tampoco les competen”, añadió el profesional del derecho. Además, pidió a la CC que se ratifique el amparo provisional.
Mientras tanto, el abogado Eddie Cux, de Acción Ciudadana, señaló que el acuerdo gubernativo incumple y violenta las normas constitucionales y del derecho internacional.
Aseguró que el mandatario y sus ministros están sujetos a la ley y a principios de derecho internacional y no pueden abusar de esa autoridad.
“Resulta preocupante que el presidente pretenda ostentar facultades ilimitadas y que el poder se limite a una sola persona a través violentar derechos de jerarquía, abusar de la autoridad y dejar sin efecto un acuerdo en materia de derechos humanos” aseveró.
E hizo referencia a que al emitir ese acuerdo se violenta la Ley de Probidad, que establece las prohibiciones expresas a funcionarios públicos de usar el poder que les confiere el ejercicio del cargo para tomar, participar o influir en toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.
Decisión “arbitraria”
El procurador Rodas compartió los planteamientos de Cux y expuso que el acuerdo que dio vida al convenio entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala tiene su naturaleza en derechos humanos, por ello su participación en la vista pública.
“La decisión anunciada y comunicada de dar por finalizado el acuerdo fue el 7 de enero, un día antes de que entrara en vigencia, según la publicación el 8 de enero, es decir que hubo anticipo de funciones tanto del presidente como de la Canciller”, expuso.
Asimismo, calificó como fatal, arbitraria y sin fundamento la decisión del Ejecutivo.
El magistrado de conciencia también consideró inaudito que un acuerdo gubernativo ponga fin a un acuerdo avalado por decreto legislativo, pues “la jerarquía debe establecerse en todo proceso legal”.
Por su parte, Claudia González, mandataria judicial de la CICIG, dijo a los magistrados que la decisión del Gobierno de concluir de forma unilateral el acuerdo de establecimiento de la comisión contraviene las normas internacionales.
Asimismo, aseguró estar de acuerdo con los interponentes del amparo. E hizo mención de una serie de “amenazas” a la labor de la entidad internacional.
Entre esas mencionó el retiró de los permisos de portación de armas al personal de seguridad de CICIG y el cese de privilegios e inmunidades para los funcionarios de la comisión que anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, las acciones de la Policía Nacional Civil de solicitar la devolución de cinco vehículos asignados a personal policial que prestaba servicios en la comisión y de retirar investigadores y elementos de seguridad.
En ese sentido, la mandataria pidió que se otorgue el amparo en definitiva y se declarare nulo el decreto gubernativo para que CICIG pueda continuar sus funciones hasta septiembre de 2019.
Sin materia
La agente fiscal del Ministerio Público, Verónica Mazariegos, se limitó a dar lectura a la resolución de la CC del 9 de enero, donde se otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de poner fin al mandato de la comisión.
“En ese contexto señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver como lo hizo este honorable tribunal, el presente caso ha quedado sin materia sobre lo cual resolver”, expresó.
Además, el ente investigador solicitó que al emitir la sentencia respectiva, los magistrados se pronuncien sobre los efectos positivos del amparo provisional otorgado.
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