“Nosotras venimos por maltrato y acá los monitores nos pegan, nos tocan el trasero y nos intentan meter mano en medio de las piernas”, denunció una de las adolescentes a Publinews la noche del 7 de marzo de 2017, horas antes de que 41 niñas perdieran la vida y 15 más resultaran heridas por un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), ubicado en San José Pinula.
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Alrededor de cien niñas, niños y adolescentes protestaron por los malos tratos de los que eran víctimas en el hogar; sin embargo, antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar y los sometieron. Posterior a ello, fueron separados, quedando las 56 niñas encerradas en una habitación de 7 x 6.8 metros, la cual únicamente tenía capacidad para 26 personas.
El 8 de marzo en horas de la mañana comenzó un incendio en la habitación de las niñas, pero la agente de la PNC que habría tenido la llave tardó nueve minutos en abrir el candado, tiempo suficiente para que 19 niñas perdieran la vida en el aula y otras 22 fallecieran en los centros asistenciales.
Las sobrevivientes
Las 15 niñas sobrevivientes han sido beneficiadas con una pensión vitalicia de Q5 mil mensuales en los primeros tres años y posterior a ello, una mensualidad equivalente a un salario mínimo; sin embargo, una de estas ha sido reportada como desaparecida desde el 2 de noviembre del año pasado.
“Lo único que nos queda es que se haga justicia, sabemos que no van a regresar nuestras hijas, pero esperamos que con ello se tenga un precedente para que esto nunca se vuelvan a repetir”. Dacia Ramírez, madre de Ashley Gabriela
“Lleva bastante tiempo desaparecida y ella fue una de las menores que dio información vital en el proceso penal, además ella tiene derecho hasta el momento de Q20 mil que no se le han entregado”, recuerda Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez.
Dubón explica que una de las niñas sobrevivientes sigue recuperándose en Estados Unidos, mientras que se tiene información de una que está desaparecida y las 13 restantes se encuentran con sus núcleos familiares.
“Me parece que el proceso penal está muy lento, y no es solo por el incendio del Hogar Seguro, también hay denuncias por violación a los derechos humanos que no han sido investigadas”. Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez
Medidas insuficientes
Marwin Bautista, subsecretario de Protección y Acogimiento de la SBS, explicó que se ha implementado el modelo residencial, por medio del cual se han dividido a las niñas y niños por cada perfil que se ha ingresado al sistema.
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“Tenemos en total 19 residencias distribuidas en los departamentos de Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala, hasta el momento hay 576 niños y niñas, mientras que en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, había 600”, explica Bautista.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación reportó el año pasado 363 alertas Alba-Keneth activadas por la Secretaría de Bienestar Social, mientras que en el presente año hasta el 13 de febrero se han activado 55, lo que representa que los menores continúan evadiendo los procesos de estas residencias.
Asimismo, de los 544 niños y niñas que permanecían en el complejo Hogar Seguro Virgen de la Asunción el día del incendio, fuera de las niñas heridas y fallecidas, la Procuraduría de los Derechos Humanos registra el asesinato de 11 menores.
Procesos
Pese a que familiares e instituciones observan “lento” el proceso penal que se ha llevado en contra de los presuntos responsables de la tragedia del Hogar Seguro, Édgar Gómez, fiscal de sección de la Fiscalía de Femicidio, espera que este año se logren las primeras sentencias.
“Los procesos que se derivaron de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 están divididos en tres fases porque es un caso muy complejo y se debe hacer el análisis de las funciones de los empleados y funcionarios públicos”, resalta Gómez.
En este sentido, el fiscal explica que en el primer grupo se capturó al exsecretario de Bienestar Social Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres, a quienes se les programó el inicio de debate para el 27 de mayo por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.
“No se descarta que pudieran haber más personas que en su momento se solicite una primera declaración o incluso una orden de captura, porque las investigaciones continúan”. Édgar Gómez, fiscal de sección de Femicidio
El segundo grupo se conforma por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional Civil, y se les acusa de incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que se espera que este 11 de marzo se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas debido a que ya se emitió auto de apertura a juicio.
Mientras que en la tercera fase se involucran a la jueza de Paz Rocío Murillo y su secretario, Rolando Miranda, y las extrabajadoras de la SBS Ofelia Campos y Flor de María López; sin embargo, este proceso aún tiene pendiente la audiencia de primera declaración, la cual se podría llevar a cabo el 13 de marzo.
Es por ello que la Fiscalía analizará solicitar la unificación de los primeros dos procesos en el mes de mayo, y con ello se esperaría que en agosto próximo se puedan dictaminar las primeras sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias en contra de los sindicados.
Continuará en cada audiencia hasta que se logren sentencias
En cada una de las audiencias que se han llevado a cabo por el caso “Hogar Seguro” se observa a Vianney Hernández, madre de Ashly Rodríguez, quien espera que se logre justicia y se encarcelen a las personas responsables de la muerte de las 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
“Es decepcionante porque han pasado dos años de la tragedia y lamentablemente no ha habido justicia, los procesos se han atrasado por los amparos que presenta la defensa, y en el caso de la jueza ni se ha tenido la primera declaración”, dice Hernández, quien indica que este viernes estará en el homenaje que se llevará a cabo en San José Pinula.
Doña Vianney recuerda que la última vez que vio a su hija fue el 26 de febrero de 2017 en una audiencia y en una oportunidad, mientras la monitora que la acompañaba se descuidó, su hija le dijo que se iba a escapar porque no soportaba los malos tratos.
A Ashly le gustaba bailar y uno de sus sueños, según doña Vianney, eran los aviones, y en más de alguna ocasión le mencionaba que quería ser piloto aviador; sin embargo, estos fueron truncados a sus 14 años. Sus restos fueron sepultados en Moyuta, Jutiapa, debido a que ahí reside la mayor parte de su familia.
Pide justicia para que esta tragedia nunca se vuelva a repetir
Después de dos años de la tragedia, Dacia Marcela Ramírez, madre de Ashley Gabriela Méndez Ramírez, quien falleció en el incendio del Hogar Seguro, retoma sus actividades como vendedora de productos cosméticos, pero asegura que hay ocasiones que la invade la tristeza.
“Días bien días mal, porque vemos que el Gobierno no hace nada cuando fue el culpable de la muerte de las niñas, nos decepciona totalmente”, comenta doña Dacia, quien recuerda que el lunes 6 de marzo de 2017 se sentó en la grama junto con Ashley y platicaron por un largo tiempo.
La conversación giró sobre la necesidad que tenía su hija de salir del lugar porque no soportaba los malos tratos que pasaba, mientras Dacia le aconsejaba que se portara bien para salir pronto de ese lugar. “Cuando nos despedimos, me dio un gran abrazo y no sabía que era el último”.
La madre de Ashley asegura que los procesos penales han sido muy lentos debido a que las audiencias se atrasan en cada momento, y aunque reconoce que tener una sentencia condenatoria no le devolverá a su hija, ella asegura que esto sentará un precedente para que no se vuelva a repetir este tipo de tragedia.
Recomendaciones para el Estado
La Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un informe en el cual adjunta 19 recomendaciones enfocadas en la investigación, reparación, reformas al sistema de niñez, garantías de no repetición y compromisos internacionales, entre ellas:
- Llama al Estado a que investigue el caso, así como las denuncias de trata que se han presentado.
- No esperar la terminación del proceso judicial para atender las necesidades urgentes de las víctimas.
- El desarrollo de un sistema de información electrónico unificado con datos de cada niño, niñas y adolescente.
- Adoptar programas de atención especializada y contratar a personal capacitado en derechos humanos.
- Aplicar las recomendaciones internacionales haciendo uso del sistema adoptado por la Copredeh.
“Se puede repetir”
Oscar Antonio Rodríguez Monzón, defensor de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que la situación de los hogares del Estado sigue siendo preocupante y no descarta que se repita una tragedia como la del 8 de marzo de 2017.
- Después de dos años, ¿qué ha cambiado en la Secretaría de Bienestar Social?
Podemos afirmar que la situación sigue siendo preocupante, hemos emitido 23 recomendaciones y estas no son atendidas, no se observa una garantía de no repetición y es muy probable que otra tragedia pueda ocurrir, y un ejemplo fue el conato de incendio que ocurrió el 14 de febrero último en un hogar ubicado en la zona 3.
- ¿Cómo ven el apoyo a los sobrevivientes?
Preocupante, después de 500 días de la tragedia respondió el Estado con la pensión vitalicia, fue tiempo que no recibieron la más mínima atención, no se tiene información del estado de salud de la niña que se encuentra en Estados Unidos y la Secretaría reintegró a más de 300 niños y niñas a sus familias sin estudio previo de reintegración familiar, de los cuales 11 han fallecido y una niña de las 15 sobrevivientes se mantiene desaparecida.
- Aún existen denuncias por abusos en los hogares de la Secretaría…
Desde 2013 se venía anunciando por parte de esta institución que en ese lugar estaban ocurriendo graves violaciones, tenemos registro de más de 34 denuncias presentadas en el Ministerio Público, de las cuales tenemos registro de únicamente dos condenas, siete han sido desestimadas, 23 están en investigación y dos en etapa intermedia.
