Este miércoles se llevó a cabo la continuación de la audiencia de la etapa intermedia en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán.
La Jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, decidirá si los señalados deben enfrentar juicio por el supuesto financiamiento ilícito al partido oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), durante el proceso electoral de 2015.
Posturas encontradas
Al inicio de la audiencia, el delegado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leopoldo Zeissig, actuando como querellante adhesivo, quien solicitó que ambos acusados fueran enviados a debate, indicó:
Sabemos que no hay pena sin ley anterior y que es prohibida la aplicación de normas penales por costumbre o analogía, pero también queremos expresar que la excepción a la regla es la aplicación de una nueva norma cuando beneficie al imputado", declaró ante la jueza.
Además, dijo que "en este caso concreto se inició un proceso con un artículo que el Congreso derogó".
No obstante a lo anterior, con base en una supuesta continuidad del tipo penal, solicitó ir al debate público.
PGN pide sobreseimiento
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó que el caso fuera sobreseído en favor de los sospechosos por considerar que no hay acciones ilícitas que se deban acusar ante un tribunal de Sentencia.
En el presente caso la ley es irretroactiva y no puede aplicar al caso concreto porque no beneficia al imputado y contradice el artículo 15 de la Constitución Política de la República" argumentó el abogado de la PGN.
Asimismo, continuó indicando que "el delito de financiamiento electoral no registrado no puede aplicarse a los procesos en trámite por que esto violaría los principios de irretroactividad y legalidad que rigen el proceso penal".
Interponen recurso
En cuanto a la defensa del empresario Andrés Botrán, su defensor interpuso un recurso de incompetencia ya que los hechos tratados en este caso no están incluidos dentro de los que debe conocer el tribunal de Mayor Riesgo.
Y luego una excepción de prejudicialidad, por considerar que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los actos que se estaban juzgando son de índole administrativa, por lo que no deberían conocerse en la vía penal sino por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Después, el abogado pasó al fondo de la acusación en la que formuló objeción solicitando el sobreseimiento del caso ya que no hay delito ni se ha actuado con intención de cometer delito alguno.
La defensa realizó una exposición en donde probó que fue la señora Paulina Paiz quien ingenió, coordinó, organizó y creó el mecanismo que sirvió para el pago de viáticos a fiscales, y captó, administró, distribuyó y emitió las facturas en el mecanismo acusado.
La audiencia continuará el próximo lunes 18 de marzo, en donde tomará la palabras el abogado defensor de Rodrigo Arenas.