El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, resaltó este martes las acciones realizadas en conjunto con el Ministerio Público en Guatemala para la desarticulación de estructuras incrustadas en el Estado, y que actuaban con impunidad.
PUBLICIDAD
Asimismo, se refirió a la importancia de la presión de la ciudadanía y la prensa independiente, “que reclaman la acción de las autoridades nacionales en la lucha contra la impunidad”.
Sus declaraciones se dieron en Ginebra, Suiza, durante el Foro Corrupción y Derechos Humanos en Guatemala.
Velásquez indicó que la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una experiencia importante en cuanto a la colaboración internacional con países en la lucha contra la corrupción.
Destacó que de acuerdo con el mandato establecido, esa entidad estaba dispuesta para buscar la sanción y garantías de no repetición de lo que en Guatemala se llaman los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), que son estructuras criminales vinculadas a la represión.
De igual forma, indicó que con el paso del tiempo esas estructuras se han visto motivadas a asumir “nuevos ropajes” e inclusive a diversificar de sus actividades.
“No solo, aunque es una garantía de subsistencia, a continuar en la disidencia, sino también a generarse gran poder político, enriquecimiento ilícito para sus miembros y la impunidad, que es una parte muy importante”, expuso.
PUBLICIDAD
Corrupción y derechos humanos
El comisionado se refirió a la relación que existe entre la corrupción y los derechos humanos. Destacó que se debe ver el primero de estos temas, no solo como un delito en sí, sino como el impacto directo que tiene contra la dignidad humana.
Estos conceptos van de la mano con la impunidad, que se ve sustentada por el deficiente funcionamiento del sistema de justicia, lo cual altera la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. Además, afecta la democracia, dijo.
“La corrupción en Guatemala no es coyuntural, circunstancial e individual, tal vez muchos países de la región tienen esa misma característica, de que no es corrupción ocasional, sino sistémica”, resaltó Velásquez.
Añadió que en el caso de Guatemala se ha producido por parte de las élites y por parte del crimen organizado una captura del Estado, que en su opinión, es la que le ha facilitado desarrollar todas las acciones impunes, porque dentro de la captura está adicionalmente el sistema de justicia.
En ese sentido, consideró que los sistemas de justicias de los países son elementos fundamentales de la lucha contra la corrupción e impunidad.
A criterio de Velásquez no se trata solo de investigar casos, sino de superar las condiciones de existencia de un país que permite la perpetuación de la impunidad, de la violación de derechos humanos y de la corrupción.
El jefe de CICIG recordó que durante 2015 y 2016 se abordó en Guatemala una reforma constitucional del sistema de justicia, que tenía que ver con la mayor profesionalización del Organismo Judicial, la cual fue presentada al Congreso.
Sin embargo, consideró que esa idea de fortalecer el tema de justicia alentó a las élites económicas y a sectores que tradicionalmente han tenido el control del aparato de justicia, que actuaron para que esta finalmente se “hundiera”.
Además, indicó que esa propuesta de reforma constitucional después fue señalada también por el actual Gobierno como una clara manifestación de la injerencia extranjera en los asuntos de Guatemala, pese a que es parte del mandato apoyar en esa materia.
Intereses afectados
El comisionado Velásquez habló de la experiencia de Guatemala en la lucha contra la corrupción e impunidad y dijo que en 2015 hubo expresiones ciudadanas espontáneas que llevaron a que por 22 semanas consecutivas se manifestaran en la plaza de la Constitución.
Recordó que en 2015 surgió el caso La Línea, que mantiene actualmente en prisión al expresidente Otto Pérez y a la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
A mediados de 2016, “como las investigaciones seguían en serio”, se ampliaron y surgieron los casos Construcción y Corrupción y Cooptación del Estado.
“Aquí ya se estaban tocando intereses de élites que además estaban muy vinculadas en temas de soborno, por ejemplo las empresas contratistas de construcción con sobornos al ministro de Comunicaciones. También de financiamiento electoral ilícito”, expuso Velásquez.
Indicó que al observar que cada vez se acercaban más al núcleo de la captura del Estado, entonces no era inusual escuchar en las discusiones del país de la necesidad de crear una ley de “punto y aparte”, bajo el argumento de que ya habían aprendido de sus equivocaciones y actos inadecuados.
De acuerdo con Velásquez, inclusive empresarios le decían que con las investigaciones se estaba generando una afectación del país y de la economía y que con ello se destruiría Guatemala.
Apoyo y rechazo a CICIG
Finalmente, el comisionado se refirió a las acciones que se han dado contra la CICIG, entre estas habló de campañas de desinformación y difamación, que se mantienen hasta ahora.
De igual forma, refirió que se inició una gran campaña de lobby financiada en Estados Unidos, que incluía empresas contratadas por empresarios guatemaltecos con el gobierno de Guatemala.
Según Velásquez, estas acciones sirvieron para que, por ejemplo, “retiraran a un embajador de Estados Unidos que les era incómodo”, no se continuara apoyando a la CICIG y se dieran otras acciones contra la comisión y él mismo.
El comisionado afirmó que a pesar de esos esfuerzos que se han dado de parte de los diferentes grupos, la aceptación de la CICIG en Guatemala se mantiene.
Detalló que encuestas surgidas en septiembre y enero, después de que el gobierno le prohibió el ingreso al territorio nacional y que declaró finalizado el acuerdo de creación de la CICIG, reflejan ello.
“Siete de cada diez guatemaltecos aprecian el trabajo de CICIG y consideran que debe continuar en el país. Cuando la justicia actúa tiene un gran respaldo ciudadano, pero un gran rechazo del poder”, concluyó el comisionado.
