Auditoría Interna del Organismo Judicial (OJ) resolvió dar trámite a la denuncia presentada por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, en contra del técnico de audiencias judiciales Lázaro Ramírez Rivera, por no haber grabado parte de una audiencia relacionada al caso "Construcción y corrupción".
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Dicha decisión se tomó después de haber realizado una investigación relativa a los señalamientos hechos por la juzgadora.
En las pesquisas se concluyó que el denunciado afectó la tramitación del proceso y pudo haber incurrido en una falta grave al no existir la grabación de la segunda parte de la diligencia de primera declaración de Mynor Palacios Guerra, la cual se realizó el 21 de diciembre del 2018.
Además, se recomendó que el técnico de audiencias sea llevado ante el régimen disciplinario del referido organismo de Estado, para que en una audiencia en la cual figurará como denunciado, se resuelva si es sancionado o no.
En la resolución también se determinó que el auxiliar administrativo segundo, Juan Alberto Gómez Alvarado, no tuvo responsabilidad de lo ocurrido.
En su momento el supuesto error técnico provocó que se presentara una exhibición personal en favor de Palacios Guerra, en la que se argumentaba que se encontraba en una detención ilegal porque sus abogados defensores no tenían a disposición los argumentos que Aifán usó para enviarlo a prisión preventiva.
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Auditoría Interna del OJ
Otro caso en el cual tuvo que intervenir el área de Auditoría Interna del OJ fue cuando un grupo de jueces que conoce casos de alto impacto denunció la disminución en las medidas de seguridad que mantenían.
Los señalamientos fueron hechos en contra de Roberto Mota Bonilla, quien fue director de Seguridad Institucional del OJ.
El resultado de las acciones de los auditores fue que Mota Bonilla debía mantener más y mejor comunicación con los afectados.
Dichas conclusiones se conocieron el martes 12 de marzo último, día en el cual se conoció que Mota Bonilla había renunciado a su cargo.
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