La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción de amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Esto es debido a que la CSJ rechazó in limine la solicitud de antejuicio presentado contra la candidata presidencial Sandra Torres y otros cuatro diputado, por un caso de financiamiento de 2015 no reportado al Tribunal Supremo Electoral.
Además, se conoció que por mayoría fue rechazado el antejuicio planteado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra Torres.
Los legisladores que también fueron beneficiados con la resolución de la CSJ son:
- Karina Paz
- Jairo Flores
- Julio Ixcamey
- Jorge Estuardo Vargas
Argumento de la resolución
De acuerdo con la CSJ el delito de financiamiento electoral no registrado, “no puede ser atribuido a los antejuiciados, porque el mismo entró en vigencia en 2018”.
Y como los hechos denunciados por dicha fiscalía “se cometieron en 2015”, según la Corte “se estaría usando un tipo penal no vigente a los hechos narrados por la fiscalía”.
Las solicitudes de antejuicio contra Torres, y los legisladores Paz, Flores, Ixcamey y Vargas, surgió de la investigación en el caso denominado “Traficantes de Influencias”.
Los hechos que señala el MP y la CICIG, se relacionan a que supuestamente no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suma de Q19.5 millones, los cuales, según las pesquisas se habrían canalizados a través de tres empresas.
