La organización Acción Ciudadana planteó una denuncia disciplinaria en contra de la jueza de Femicidio que le concedió medidas de seguridad a la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
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La señalada es Susan Sabrina Salazar Escobar, titular del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, que se ubica en el Barrio Gerona, zona 1.
Eddie Cux, presidente de la organización, explicó que la denuncia se presentó ante la Junta Disciplinaria del Consejo de la Carrera Judicial, por considerar que al resolver a favor de la presidenciable se estaría interfiriendo en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público (MP).
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Asimismo, la agrupación considera que estos señalamientos contra los fiscales podrían ser parte de una estrategia política para obstaculizar las investigaciones contra Torres por financiamiento electoral ilícito del partido UNE.
En febrero de este año, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron los resultados de una investigación que refleja irregularidades en el manejo de fondos de la agrupación política en 2015.
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Según las pesquisas, la UNE no reportó al Tribunal Supremo Electoral por lo menos Q19.5 millones que habrían servido para su campaña electoral.
Por estos señalamientos, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó que se le retirara la inmunidad a Torres; sin embargo, el antejuicio promovido en su contra fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Prohibido “intimidar” a Torres
La semana pasada se conoció acerca de una denuncia planteada por Torres en contra de los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González Arteaga, de la FECI.
Por ser los “supuestos agresores” en el caso de posible violencia contra la mujer, la jueza Salazar resolvió que durante tres meses los fiscales tienen prohibido “perturbar o intimidar” a Torres.
De no acatar tales medidas, los fiscales podrían incurrir en delitos de violencia contra la mujer y desobediencia.
Ante esta situación, la fiscal general Consuelo Porras y la CICIG emitieron comunicados por aparte, en los cuales expresaron su total respaldo a Sandoval y González.