La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emitió un comunicado por medio del cual expresa su total apoyo a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González Arteaga, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
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El pronunciamiento se da luego de que un Juzgado de Femicidio le otorgara medidas de protección a la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, y prohibiera a Sandoval y González “perturbarla o intimidarla”.
Fue la semana pasada cuando se conoció que la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) planteó denuncias contra los fiscales. Hasta ahora no se conocen detalles de las acusaciones.
Por el momento solo el diputado Carlos Barreda, de la bancada verde, se ha pronunciado sobre el tema, asegurando que las medidas cautelares se solicitaron porque Sandoval “está usando más el corazón que la razón”.
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“La CICIG, ante las medidas de seguridad impuestas a los fiscales, expresa su total apoyo y respaldo a la labor que ellos vienen ejerciendo y manifiesta su preocupación por las acciones de las que han sido objeto por parte de sujetos involucrados directamente en las investigaciones de la comisión”, señala el comunicado.
Asimismo, detalla que con las acciones contra los fiscales se estaría buscando limitar el desempeño de las funciones de la FECI.
“Los funcionarios del MP deben ejercer sus actividades con total independencia, sin presiones de ningún tipo y sin coartar las libertades que requieren para su trabajo”, resalta.
La jefa del ente investigador, Consuelo Porras, también se pronunció para expresar su apoyo a los fiscales denunciados por Sandra Torres.
Ayer, por medio de un comunicado, manifestó: “Les expreso mi total apoyo y respaldo tal y como lo he brindado a otros fiscales que han sido objeto de medidas por situaciones similares”.
Uso incorrecto de la ley
La CICIG señaló la utilización incorrecta de los decretos 97-96: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar”, y 22-2008: “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”.
Además, alertó acerca de que las mismas estarían siendo aplicadas con la intención de restringir la función fiscal.
“Se observa con preocupación que se desvirtúe la naturaleza jurídica de las leyes mencionadas con objetivos intimidatorios hacia el Ministerio Público”, puntualizó.
