El exdiputado Alfredo Rabbé pagó la fianza de Q400 mil que le asignó un juzgado y podrá salir de prisión. La medida de arresto domiciliario le fue concedida la semana pasada.
El exlegislador está señalado en el caso de supuestas plazas “fantasma” en el Organismo Legislativo y fue detenido en mayo de 2016.
Aunque en otras ocasiones Rabbé había solicitado que se le concediera una medida sustitutiva, esta se le había negado.
Los argumentos expuestos por los órganos jurisdiccionales para resolver de esa manera estaban enfocados en que podría existir peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad.
Además, que el procesado podría interferir en el proceso de extradición que en la actualidad enfrenta su hermano, el también exdiputado Luis Rabbé, quien está detenido en México.
La defensa del exlegislador ha rechazado tales extremos y ha indicado que su patrocinado no puede interferir en el proceso de su hermano.
En seguimiento a ello, el pasado 4 de abril la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, le otorgó las medidas sustitutivas para poder salir de prisión.
A Rabbé se le concedió arresto domiciliario, para lo cual debería pagar la caución económica de Q400 mil. Además, se le prohibió salir del país y visitar el Congreso de la República.
Será entonces en las próximas horas cuando podría estar dejando el centro carcelario en donde ha estado recluido desde hace meses.
Señalamientos
Alfredo Augusto Rabbé Tejada fue capturado el 26 de mayo de 2016, en un operativo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. En esa ocasión también fue detenido el exdirector general del Congreso, Luis Mijangos.
A ambos se les vincula con un caso de supuestas plazas “fantasma” y fueron ligados a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Según las investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante el 2014 y 2015 se habría dado una serie de contrataciones de personal de forma irregular.
Aparentemente las anomalías estaban respaldadas por integrantes de la junta directiva del Legislativo.
Las pesquisas señalan que las personas eran contratadas y recibían salarios por medio del Congreso; sin embargo, realmente prestaban sus servicios a otras instituciones públicas o a empresas privadas.