El Ministerio Público (MP) confirmó que los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González Arteaga no violentaron a Sandra Torres.
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La decisión se da a conocer luego de que Torres planteó una solicitud de medidas de protección a su favor, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de turno de Femicidio.
Por esa razón, la denuncia la investigará la Fiscalía de Asuntos Internos y no la de la Mujer, dijo Vera Guzmán, defensora de los fiscales.
Según el MP, el posible delito en que habrían incurrido Sandoval y González es abuso de autoridad.
“El MP hizo un análisis de la querella y tipificó que el posible delito es abuso de autoridad, no violencia contra la mujer. La jueza que dictó las medidas de protección a favor de Torres no tiene competencia para seguir conociendo el caso porque ella está delegada para conocer casos de violencia contra la mujer”, agregó Guzmán.
La defensora informó que la notificación la recibió el Lunes Santo.
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“Oficiosidad”
Susan Salazar, titular del Juzgado de turno de Femicidio, el 4 de abril dictó medidas de protección a favor de Sandra Torres, presidenciable del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Las medidas le prohiben a los fiscales perturbar o intimidar a Torres, así como acercarse al domicilio permanente o temporal de la agraviada y a su lugar de trabajo y estudio.
Después de que dictaron las medidas, la juez Salazar envió un oficio al MP y consultó a donde había sido asignada la querella promovida por Torres.
“El MP le respondió que la querella había sido asignada a la Fiscalía de Asuntos Internos. A mí me causa duda la oficiosidad de la juez en este caso”, añadió la defensora.
La audiencia por este caso está programada para el 2 de mayo.
¿Por qué las medidas?
Sandra Torres pidió medidas de protección después de que se filtró un audio que reveló la forma en que el partido UNE recibió fondos para la campaña de 2015 sin que fueran reportados al TSE.
En la conversación telefónica se escucha hablar a Torres y al encarcelado empresario Gustavo Alejos.
La audio forma parte del expediente que hizo el MP para solicitar el retiro de la inmunidad a Torres, la cual adquirió al ser inscrita como candidata presidencial, y que fue entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, los magistrados rechazaron la solicitud del MP.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) busca investigar a Torres por financiamiento electoral no registrado.
