El candidato presidencial Roberto Arzú anunció que en horas de la tarde de este miércoles se pronunciará con relación a una supuesta orden de captura en su contra que habría sido emitida por una Corte de Estados Unidos.
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En redes sociales circula un documento en el que se señala que se habría requerido la detención del presidenciable de la coalición PAN-Podemos.
La notificación detalla que esta persona está en “desacato civil” por no haberse presentado a una audiencia programada para el 17 de abril, de la que había sido notificado el 4 de abril de este año.
Refiere además que la Corte ordenó que las autoridades de ese país pongan bajo custodia a Arzú si se encontrara en el estado de Florida o en territorio estadounidense.
El pronunciamiento del aspirante presidencial sobre este tema se dará a las 17:00 horas durante una conferencia de prensa, de acuerdo con lo informado por su equipo de comunicación.
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Demanda por honorarios
El diputado Manuel Conde, jefe del bloque PAN, señaló que se trata de un asunto civil y no penal en el que está implicado Roberto Arzú. Este se relaciona con una demanda de honorarios.
El denunciante es un consultor político internacional que se identifica como “J.J. Rendón”, quien según el legislador, es un venezolano que tiene orden de captura en Colombia y está vetado su ingreso a México.
“Es un consultor político que tiene muchísimos problemas”, resaltó, sin especificar más aspectos sobre el caso.
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Candidatura de Arzú
Roberto Arzú fue proclamado en febrero como candidato presidencial por la alianza del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la agrupación política Podemos. Su compañero de fórmula es José Farías.
Arzú es hijo del fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú. También expresidente del Club Comunicaciones y fue designado por el gobierno actual en una misión especial para promover relaciones económicas y comerciales de Guatemala con Suramérica.
Recientemente fue multado por el Tribunal Supremo Electoral por hacer campaña anticipada en redes sociales.
Tanto él como la coalición que integra deberán pagar 80 mil dólares cada uno, equivalentes a Q612 mil.
