El gobierno de México inhabilitó por tres años a la empresa brasileña Odebrecht y a una subsidiaria para participar en contrataciones públicas con entidades del gobierno, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El impedimento establece que la constructora no podrá negociar con instituciones de la administración pública mexicana, empresas del estado, gobiernos estatales ni con la fiscalía general, según un comunicado de la SFP divulgado el viernes.
"Las instituciones mencionadas deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas, ya que fueron inhabilitadas por un plazo de tres años", agregó.
Odebrecht se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina y que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.
En México, sin embargo, solo un alto funcionario, el exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ha sido interrogado por la fiscalía tras ser acusado de recibir más de 10 millones de dólares de la constructora, cuando se desempeñaba como uno de los jefes de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En febrero, el fiscal Alejandro Gertz, designado por la actual administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reiniciaría la investigación sobre Odebrecht tras más de un año de estancamiento, pero hasta el momento se desconoce de avances.
La SFP detalló que la inhabilitación sobre la subsidiaria mexicana Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se debe a que presentó información falsa en la modificación de un contrato.
En tanto, la Construtora Norberto Odebrecht fue sancionada por haber realizado cobros en exceso, en detrimento del patrimonio de Pemex Refinación, una de las unidades de negocios de Pemex.
México ya había prohibido el año pasado que entidades gubernamentales hagan negocios con Odebrecht por un plazo de dos años y medio, tras aplicar multas por más de 50 millones de dólares por supuestos actos de corrupción.
En octubre, Odebrecht ofreció pagar 18 millones de dólares a cambio de poder volver a hacer contratos con el gobierno mexicano y sus entidades, pero la propuesta fue rechazada.