El riesgo para las personas que defienden los derechos humanos en el país ha aumentado. El año pasado fueron asesinados 26 defensores y el año anterior fueron atacadas 13 personas de dichos grupos.
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Las agresiones que más reciben los defensores son intimidaciones y amenazas, las cuales impacten en tres áreas: la individual, la familiar y la colectiva; seguido de denuncias falsas o uso indebido del derecho penal; estigmatización y difamación, ataques contra la vida, vigilancias y violencia sexual.
Liliana Valiña, representante de la OACNUDH, lamentó que se esté profundizando el desconocimiento de los derechos humanos, la estigmatización de los mismos y la falta de comprensión, ya que los informes reflejan que se han duplicado las muertes, lo cual significa que cada dos semanas es asesinado un defensor, por lo que el Estado debe trabajar en el respeto de esas personas.
Otro de los grupos que han sufrido ataques en el de los operadores de justicia, víctimas como familiares del conflicto armado interno, las abuelas de Sepur Zarco, personas de la comunidad LGTBIQ y periodistas.
En cuanto a las intimidaciones y amenazas hacia jueces y fiscales, se afecta la independencia judicial y busca debilitar el trabajo.
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Poco debate
Aunque la defensa de los derechos humanos debe ser un tema nacional, la delegada de Naciones Unidas se mostró preocupada porque han habido pocos debates durante el proceso electoral sobre derechos humanos, por el contrario hay pronunciamientos en contra de los derechos humanos, como si fueran el problema y no darse cuenta que se trata de la vida de los ciudadanos.
“La principal función de cada gobernante es asegurar que la población pueda vivir sus derechos”, resaltó Valiña, que a la vez recordó que aproximadamente el 60% de la población está excluida del desarrollo, ya que vive en pobreza.
Por otra parte, el procurador de los DD. HH., Jordán Rodas, señaló que el gobierno se ha mantenido en silencio a pesar de los asesinatos de los defensores.
El magistrado de Conciencia informó que junto con la OACNUDH se invitarán a los candidatos a la presidencia para suscribir un acuerdo para el respeto de los derechos humanos.
