La Corte Suprema de Justicia (CSJ) denunció a Claudia Samayoa de Udefegua y a José Manuel Martínez de JusticiaYa, por sustracción de documentos y tráfico de influencias.
Diversas organizaciones de derechos humanos solicitaron el desistimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la denuncia que interpuso en contra de dos activistas de derechos humanos, debido a que estas son catalogadas como espurias.
Denuncia
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público (MP) en contra de Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) y Juan Manuel Martínez, de JusticiaYa, por los delitos de sustracción de documentos y tráfico de influencias.
“A partir de la designación del presidente actual, se ha observado un conjunto de decisiones como el nombramiento Roberto Mota, como jefe de seguridad del Organismo Judicial y encubrimiento para su captura, amenazas a la seguridad de jueces independientes”, indicó Álvaro Montenegro quien forma parte de JusticiaYa.
Asimismo, indicó que las acciones sobre el antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucional (CC) y denegar los antejuicios de Sandra Torres y Felipe Alejos, son acciones muy cuestionadas de parte de los magistrados de la CSJ.
Jorge Santos, de Udefegua explicó que se han tenido diversas violaciones a los derechos humanos, para deslegitimizar la voz de los activistas.
“En este sentido, indicó que el año pasado Udefegua reporta 391 agresiones de las cuales 161 son hechos considerados como actos de criminalización, entre estos casos 81 son denuncias penales sin fundamentos, tal como es el caso del propio presidente del CSJ”, dijo Santos.
Demandas
La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia ante el Ministerio Público en la Fiscalia contra la Corrupción, debido a que los denunciados habrían filtrado la resolución de los magistrados de la CSJ, sin que esta fuera pública
“La Fiscalía contra la Corrupción debió desestimar y archivar la denuncia por evidente improcedencia ya que los hechos no constituyen delitos y porque la denuncia tiene intereses espurios cuyo objetivo es amenazar la labor de fiscalización de defensores de derechos humanos”, indicó Claudia Samayoa.
Ante dichas acciones, activistas de derechos humanos demandaron:
- Al Ministerio Público, el cierre inmediato del expediente en contra de los defensores de derechos humanos eliminando del Sicomp la vinculación.
- A la Corte Suprema de Justicia, que emita nueva resolución desligando el nombre de los activistas de la decisión.
- Al PDH que resuelva la denuncia ante estos hechos y la posible violación de derechos humanos cometidas por la CSJ.