El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, se pronunció luego de conocerse la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado de Guatemala por haber aplicado la pena de muerte contra una persona.
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Por medio de redes sociales, el diputado criticó el fallo del tribunal que ordena que se pague una indemnización a la familia de la víctima. “Es lamentable que la CIDH siga defendiendo delincuentes”, expresó.
“El negocio internacional de los derechos humanos le sale muy caro a Guatemala. En todo caso si a alguien debemos de darle resarcimiento es a las familias de las 7 víctimas de este delincuente”, añadió Arzú.
El caso por el cual se sancionó al Estado es el de Manuel Martínez Coronado, ejecutado en 1998 por inyección letal.
Esta persona y un coimputado fueron acusados del asesinato de siete personas el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, en el departamento de Chiquimula.
Sentencia
La CorteIDH condenó a Guatemala por la aplicación de la pena de muerte contra Martínez al considerar que se violaron los principios de derecho a la vida y de garantías judiciales, informó el tribunal.
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La sentencia de la corte continental con sede en San José destaca que la Convención Americana de Derechos Humanos establece un régimen "claramente restrictivo" para la aplicación de la pena de muerte, y apunta a su progresiva eliminación.
El fallo señala que el Estado guatemalteco vulneró los principios de legalidad y derecho a la vida contemplados en la Convención Americana.
