Aunque a finales de 2016 los diputados aprobaron una ley para descongestionar las prisiones por medio del control de brazaletes para reos, el Ministerio de Gobernación no ha lanzado el concurso público para adquirir esos dispositivos electrónicos.
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En mayo del año pasado por orden del ministro Enrique Degenhart se canceló la primera licitación y desde esa fecha la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sistema de Justicia se ha reunido para definir los criterios de la licitación, pero por ausencias de autoridades de la cartera de Seguridad no se logra concretar el proyecto.
Una de las justificaciones de Gobernación fue que los bloqueadores de la señal de celulares impediría el funcionamiento de brazaletes.
Otro de los atrasos se debe a que el proyecto estaba a cargo del exviceministro prófugo Kamilo Rivera.
Para el monitoreo de los brazaletes se deberá crear el centro de control telemático a cargo de Gobernación, por lo que se consultó al viceministro Remberto Ruiz sobre el proceso para la licitación, pero informó que es la Policía Nacional Civil (PNC) la que está apoyando en ese tema.
Carlos Tohom, director de la PNC, respondió que el Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación a cargo de Gabriel Juárez Lucas, quien a pesar de haber laborado en la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, ha agilizado el tema.
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Propone revisar propuesta
La directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo de Corzantes, explicó que trabajan dos mesas técnicas para elaborar la licitación desde hace seis meses.
Sin embargo, recomendó que se debe analizar la Ley de Control Telemático, ya que los brazaletes deberán ser costeados por el sindicado.
“Debe haber un estudio socioeconómico para que todos los procesados puedan aplicar, pues como lo establece la legislación solo personas económicamente estables podrán solicitar el brazalete, para que la mayoría pueda optar a esa medida”, agregó Arévalo de Corzantes.
La titular del IDPP, quien buscará su reelección, comentó que con la ley se contempla un plan piloto para cinco mil privados de libertad, por lo que espera que antes de que termine el año se pueda lanzar esa licitación.
La Ley de Control Telemático establece que la Corte Suprema de Justicia debe aprobar un acuerdo para la implementación de los aparatos electrónicos.
A la vez, hay otras propuestas de ley en el Congreso, como la Aceptación de Cargos y la revisión del catálogo de delitos para evitar la sobrepoblación en las cárceles.
Algunos diputados que han revisado el proceso de los brazaletes y pidieron no ser citados indicaron que es desde Gobernación que se ha detenido el proceso, por lo que provoca dudas para tener una Dirección General del Sistema Penitenciario más ordenada y hayan centros de detención efectivos.
¿A quién le conviene que haya saturación en las prisiones?
Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), las cárceles del país tienen un haciamiento del 366%, lo cual los hace ser los centros de detención más sobrepoblados en Latinoamérica. El descuido de las prisiones se empezó a observar desde 2008, por lo que analistas sugieren a las nuevas autoridades no postergar la revisión desde los controles hasta la profesionalización de los guardias del Sistema Penitenciario.
